El PP rechaza que Ana Mato explique en el Congreso la advertencia enviada por su departamento a Facua

La petición de comparecencia, elevada por el Grupo Socialista y la Izquierda Plural, aspiraba a convocar en periodo extraordinario una sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales donde Mato explicase la motivación de la carta enviada por Farjas a FACUA, en la que se le advierte de que podría perder su estatus de asociación de consumidores y su puesto en el Consejo Estatal si no cesa en campañas como la activada contra la subida del IVA.

Para la diputada 'popular' Marta Torrado de Castro, "el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha amenazado a FACUA, solamente ha enviado una carta en la cual le recuerdan los fines de las asociaciones de consumidores porque esta entidad podría estar extralimitandose". Además, dado que "no se ha dictado ningún acto o resolución alguna por parte del Instituto Nacional de Consumo", a su juicio "no tiene ningún sentido la comparecencia de la ministra"

Según ha explicado, el origen del problema es una campaña de la organización que llama a una "huelga de consumo" frente a la subida del IVA. "La carta pone de manifiesto que estas actuaciones bajo el epígrafe de 'campañas de consumo' podrían sobrepasar los fines de una asociación de consumidores. De ahí que ante esta situación se solicitara a la Abogacía del Estado un informe sobre el posible exceso de actividad de esta organización", ha indicado.

De Castro ha incidido en que "no se ha amenazado a nadie y no se quiere ilegalizar a ninguna asociación" sino que se cumpla la normativa: "las asociaciones inscritas en el registro estatal tienen unos requisitos y unas actividades que cumplir y no se pueden dedicar a otros fines".

Con todo, dado que "no se ha dictado ningún acto o resolución alguna por parte del Instituto Nacional de Consumo", a juicio del Grupo Parlamentario Popular "no tiene ningún sentido la comparecencia de la ministra"

Por su parte, la portavoz socialista, Trinidad Jiménez, ha señalado que ese escrito, "es claramente una amenaza de ilegalizar FACUA para que pierda su estatus de asociación de consumidores y usuarios, que salga del Consejo de Consumidores y Usuarios y negarle las subvenciones estatales que le corresponden por ley para defender a los consumidores".

En su opinión, se trata de un "intento burdo de acallar a una organización que trabaja en defensa de los consumidores y los servicios públicos" y "están en juego la libertad de expresión y la independencia de una organización, que es la madurez de un sistema democrático", lo que justifica una comparecencia de la ministra responsable del área de Consumo.

En una línea similar se ha expresado el diputado del PNV Emilio Olabarría, quien ha dedicado su intervención a la lectura del manifiesto difundido por FACUA contra su propia ilegalización, en el que se exige al Ejecutivo "que se abstenga de consumar las amenazas vertidas" porque "ilegalizar a una asociación por expresar públicamente sus ideas y por defender los intereses y derechos legítimos de los consumidores y usuarios representaría un grave atentado contra la democracia".

También ha expresado su apoyo a la petición de comparecencia el Grupo CiU, cuyo portavoz, Pere Macias i Arau, ha recordado que "las organizaciones sociales pueden tener un tinte político" determinado y "quien debe pedir cuentas" por esa inclinación "no es el Gobierno, sino sus asociados". "Me parece esperpéntico que en el Gobierno alguien pretenda decirle a una asociación cómo debe hacer su labor", ha señalado Macías.

En su opinión, es "absolutamente oportuno que la ministra acuda" a explicar lo que a su juicio pudo ser "un desliz" de Farjas. No obstante, consciente de que el PP rechazaría la solicitud de comparecencia, el diputado ha pedido al Grupo Popular que "aconseje a la señora ministra que no avale que en su departamento se cometan errores tan graves".

La organización, por su parte, ha difundido un comunicado en el que recuerda que "miles de ciudadanos" han suscrito el manifiesto contra su ilegalización y en el que denuncia que "el Gobierno y el PP han puesto en marcha una campaña llena de mentiras para intentar desprestigiar a FACUA".