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PP dice que las reformas sanitaria siguen los dictámenes de la UE y el PSOE tacha al Gobierno de no tener "alma"

El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Manuel Cervera, ha asegurado este miércoles que las reformas sanitarias que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy cumplen con los dictámenes exigidos por la Unión Europa. Esta declaración ha sido debatida por su homólogo socialista en la Cámara Baja, José Martínez Olmos, quien ha tachado al Ejecutivo de no tener "alma" con respecto a los inmigrantes sin papeles.
Ambos portavoces se han pronunciado así en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que se conociera que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad esté barajando la posibilidad de hacer pagar, mediante convenios, 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad, para obtener asistencia en la sanidad pública española.
Una iniciativa que, según ha asegurado Cervera, permite igualar a España al resto de los países de su entorno, especialmente a Francia, Italia y Reino Unido y, al mismo tiempo, "cumplir" con las exigencias marcadas por la Unión Europea y por el Tribunal de Cuentas.
Ahora bien, el dirigente 'popular' ha señalado que la medida planteada por el Departamento que dirige Ana Mato es "menos radical" que, por ejemplo, la aprobada en el Reino Unido donde las mujeres inmigrantes embarazadas menores de 18 años no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Un hecho que, ha apostillado, sí está contemplado en la legislación española.
"El Gobierno está tratando de reformar y regularizar el sistema sanitario para que todos los españoles puedan disfrutar de él durante mucho tiempo. Por tanto, se están tomando decisiones para sacar a España de la crisis económica y para hacer sostenible en el tiempo el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha recalcado Cervera.
"EL PSOE ESTÁ CREANDO ALARMA SOCIAL"
Dicho esto, el portavoz del PP ha insistido en que el Ejecutivo va a "vigilar y atender" a todos los pacientes que acudan a Urgencias y ha asegurado que se va a trabajar para intentar regularizar a las personas que se encuentran en situación irregular en España.
Por ello, ha denunciado que el PSOE esté utilizando argumentos "demagógicos" para criticar el Decreto Sanitario del Gobierno y ha denunciado que esté creando una "alarma social" cuando, ha insistido, "los planes de prevención y la atención a las enfermedades infecciosas están totalmente cubiertos por el Decreto" ya que "no se ha modificado" la Ley General de Salud Pública.
"Los socialistas tratan de poner límites de la moralidad cuándo y dónde les conviene", ha recalcado Cervera, tras asegurar que el Gobierno está en "constante diálogo" con el resto de las fuerzas políticas y, especialmente, con el PSOE dado que ha estado gobernando durante los últimos ocho años y "conocía" que el SNS era "insostenible".
Estas declaraciones han sido rechazadas por el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, que ha asegurado el Gobierno no ha mantenido "ni un sólo segundo" un diálogo con el PSOE para consensuar los "radicales" cambios que ha llevado a cabo en la organización de la sanidad pública y ha señalado que la situación que ha dejado el Ejecutivo a los inmigrantes es "injusta, cara e insegura".
En este sentido, Martínez Olmos ha recordado que las enfermedades infecciosas y mentales que puedan tener este colectivo no van a ser atendidas dado que "quedan fuera de la barrera del precio que han marcado" y que, además, "es demasiado costosa incluso para muchos españoles".
Por estos motivos, el dirigente socialista ha calificado al Gobierno de "no tener alma" porque está "desmantelando" el Estado del Bienestar sin asegurar que estas medidas vayan a suponer un ahorro o vayan a generar "más seguridad" a los ciudadanos españoles.
"El Gobierno del PP ha conseguido en sólo siete meses que la ciudadanía esté preocupada por la Sanidad, cuando nunca lo ha estado en los últimos 30 años", ha comentado para zanjar felicitando a los gobiernos de Andalucía, Cataluña y País Vasco porque "saben que por razones de equidad, de seguridad a los ciudadanos y de salud pública merece la pena seguir ofreciendo cobertura a todas las personas independientemente de cuál sea su situación administrativa en España".