LEY ABORTO

El PSOE deja en manos del Gobierno los plazos y supuestos del aborto

La subcomisión del aborto del Congreso de los Diputados ha acordado hoy un documento de conclusiones elaborado por el PSOE en el que deja en manos del Gobierno la determinación de los plazos concretos para abortar y los supuestos o indicaciones en los que se podrán ampliar.

El documento ha sido aprobado con los votos en contra del PP y la abstención de IU.

El texto será debatido el próximo día 18 de febrero en la comisión de Igualdad, que deberá tener en cuenta los votos particulares que ya han anunciado que presentarán PP y ERC-IU-ICV.

A su vez, la propuesta de la comisión será estudiada por el comité de expertos convocados por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

La falta de acuerdo en la subcomisión no ha preocupado a la portavoz del PSOE y ponente del documento de conclusiones, Carmen Montón, quien ha afirmado que los tres meses de debate "darán su fruto" el próximo miércoles ya que todos los grupos tienen "muchos puntos en común".

No obstante, el PP ha reiterado su oposición frontal a la posibilidad de una ley de plazos, que considera inconstitucional, y ha criticado que el documento de conclusiones haya sido elaborado sólo por el PSOE y no refleje las opiniones de los demás miembros de la subcomisión, según la portavoz Sandra Moneo.

El documento aboga por una ley de plazos combinada con la previsión de varios supuestos o "indicaciones" en los que la interrupción del embarazo podría llevarse a cabo durante un periodo mayor de tiempo, y que el PSOE no ha concretado.

Todo ello estaría enmarcado en una Estrategia Global de Salud Sexual que cumpla con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, ha precisado Montón.

El PSOE tampoco ha querido precisar los plazos en los que la mujer podrá decidir interrumpir el embarazo libremente por considerar que debe ser el Gobierno quien los decida, ha explicado Montón, quien ha apuntado que será acorde con las legislaciones europeas -que oscilan entre las 10 y las 24 semanas- y que cubrirá la gran mayoría de los casos de aborto que se producen en España.

ERC-IU-ICV ha considerado estas limitaciones insuficientes y ha apostado por una reforma de la Ley "más ambiciosa" que permita el aborto libre hasta la semana 24 de gestación y contemple "todos los casos y no sólo la mayoría", ha explicado el diputado de IU Gaspar Llamazares.

El PP ha lamentado la "subasta de semanas" en que se ha convertido el debate y la falta de un plan de apoyo para las mujeres embarazadas cuyo objetivo sea reducir el número de interrupciones del embarazo.

El documento de la subcomisión defiende también la regulación de la objeción de conciencia para evitar las "inequidades territoriales" y que se impida que la ejerzan centros enteros y profesionales que no participan directamente en las operaciones de interrupción del embarazo.

Por ello, aboga por que sólo los profesionales implicados directamente en estas intervenciones puedan acogerse a ese derecho.

Asimismo defiende que las menores de entre 16 y 18 tienen autonomía para decidir si quieren abortar sin necesidad del permiso paterno.

En su voto particular, el PP apostará por implantar medidas de información y apoyo a la mujer embarazada, el cumplimiento efectivo de la Ley actual y la defensa del derecho a la vida.

Así, propondrán un Plan de Apoyo a la Maternidad que incluya ayudas económicas, centros de asistencia, facilidades en el mundo laboral o en la obtención de vivienda protegida a las mujeres que decidan llevar a término su embarazo.

Además, la protección de los profesionales que deban intervenir en el proceso y el derecho de objeción de conciencia, y la recuperación de las comisiones de evaluación son otras de la propuestas que planteará el PP.

Por su parte, ERC-IU-ICV defenderá el aborto a partir de las 24 semanas en caso de malformaciones del feto o riesgo para la salud de la madre y que las menores de entre 16 y 18 años tengan "autonomía" para decidir sobre la interrupción del embarazo sin necesidad del permiso paterno.

Exigirán asimismo una regulación de la objeción de conciencia entre los médicos y garantizar que los centros públicos ejerzan esta prestación.

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