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El Parlamento catalán valida los pliegos de la ILP para una nueva ley de educación de Cataluña

Nombra a 250 fedatarios para empezar a recoger un mínimo de 50.000 firmas
El Parlamento catalán ha entregado este lunes los pliegos validados para empezar a recoger firmas que permitan impulsar la iniciativa legislativa popular (ILP) para una nueva ley de educación de Cataluña, presentada por una plataforma formada por una veintena de entidades de la comunidad educativa y de la sociedad civil y con el apoyo de EUiA y la CUP.
En un acto este lunes en la Cámara catalana, la comisión de control de la ILP ha nombrado a los 250 fedatarios que serán responsables de la recogida de las 50.000 firmas que se necesitan reunir en un plazo máximo de 120 días para que prospere el trámite y se pueda debatir la ILP en el Parlament como proposición de ley en los próximos cuatro meses desde que se presenten las rúbricas.
En declaraciones a los medios, uno de los portavoces de la plataforma promotora, Sergi Frau, ha explicado que "esperan conseguir" estas firmas y ha agregado que es un buen momento para introducir propuestas desde las bases a través de iniciativas como esta ILP, que fue admitida a trámite por el Parlament el 22 de julio.
La también portavoz Maria Vinuesa ha explicado que la ILP educativa versa sobre tres ejes principales: la gratuidad y el acceso universal a la educación desde la guardería hasta la universidad; la eliminación de los conciertos y que estos centros pasen a ser de titularidad pública, y la plena democracia en los centros.
La propuesta, que defiende una educación pública, laica, popular, democrática, inclusiva, coeducadora y en catalán como lengua vehicular de todo el sistema, fue lanzada por la Assemblea Groga como medida para revertir los recortes y las privatizaciones en educación pública, y está motivada por "la preocupación" de la comunidad sobre el actual sistema educativo, ha explicado Vinuesa.
Ha tachado de "mal endémico" el número tan elevado de escuelas concertadas que hay en Catalunya, lo que ven como una anomalía que se debe solucionar, de manera que defienden que estas escuelas pasen progresivamente a formar parte de la red pública en un período de diez años, puesto que hay un precedente de escuelas privadas que años atrás pasaron a ser públicas en Catalunya.
Frau ha lamentado que el actual sistema de acceso a la universidad es una "barrera" que impide estudiar a mucha gente y facilita la entrada a los estudiantes con más poder adquisitivo, por lo que han apostado por modificar el acceso a las universidades catalanas.
CONTENIDO DE LA ILP
Además de los tres ejes principales, la nueva ley recoge que se destine un mínimo del 6% del PIB a la enseñanza pública: "Para compensar desigualdades se debe pactar, con los agentes educativos, una discriminación positiva en el reparto de los recursos", defiende la plataforma.
Manifiesta que no se permita la gestión privada ni la participación de empresas en el sistema educativo; acabar con la privatización de la gestión en los centros y, a nivel universitario, prohibir que se destinen fondos públicos a fundaciones y entidades privadas que ofrezcan estudios universitarios.
Reivindica la "autonomía" real y pedagógica de los centros sin direcciones impuestas desde el exterior y con proyectos educativos debatidos dentro de la escuela que aseguren la participación de las familias y del entorno cercano, y que la investigación universitaria se haga sin la presión de las empresas.
También defiende la igualdad de género en los órganos decisorios; la evaluación del sistema educativo, y garantizar unas condiciones laborales "dignas" de los trabajadores para acabar con la precariedad y la flexibilidad laboral, dando estabilidad a la plantilla.
En relación a las guarderías públicas, la norma aboga por evitar su privatización y que pasen a ser todas de titularidad de la Generalitat para "evitar las desigualdades entre los distintos municipios".