El Parlamento europeo acuerda solicitar información sobre los permisos de fracking en Cantabria

UGAM solicitó que se tenga en cuenta las peculiaridades geológicas y paisajísticas de Cantabria, que implican que el territorio de esta Comunidad sea "incompatible" con el fracking. También indicó que resultaba necesario considerar los espacios naturales protegidos directamente afectados y el elevado grado de dispersión de la población, que implica la imposibilidad de que haya distancia suficiente entre los lugares en donde se pretenda ejecutar esta actividad.

La organización agraria denunció que el fracking implica un "gravísimo" daño para la salud de la población, el medio ambiente y la economía de los lugares directamente afectados, que en la actualidad viven en gran medida de sectores como la ganadería, la agricultura o el turismo rural.

Por su parte, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria incidió en la nula participación de los afectados y el incumplimiento de toda la normativa comunitaria relativa a la participación ciudadana, especialmente el Convenio de Aarhus.

También hizo hincapié en la inexistencia de una evaluación global de las afecciones de los permisos y sondeos del fracking a pesar de que afectan a las "dos terceras partes" del territorio de Cantabria. Y manifestó la existencia de sondeos recientes, como el Sestero-1, que se pretenden tramitar tomando como base un permiso de investigación "ya caducado".

Según informa UGAM-COAG en un comunicado, por parte del representante de la Comisión Europea se señaló que, puesto que actualmente los permisos se encuentran en fase de evaluación ambiental, no cabía pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino esperar a que el Ministerio de Industria continúe con el procedimiento, y de esa forma comprobar posteriormente si el Gobierno de España está cumpliendo la normativa comunitaria.

UGAM-COAG resalta que durante el debate dentro de la Comisión de Peticiones, fue "una nota común" la preocupación de los europarlamentarios por los riesgos asociados al fracking, de tal forma que "incluso alguno de ellos, como la representante del grupo popular, lamentó la falta de concordancia entre la voluntad de la población (que se opone a la fractura hidráulica) y la actual normativa europea, que no la prohíbe".

Según la organización agraria, los representantes de los grupos de Izquierda Unitaria y Los Verdes manifestaron la necesidad de que la Comisión plantease al Gobierno de España su preocupación por el posible uso del fracking en Cantabria dadas sus peculiaridades, así como la necesidad de que se reclamase un estudio completo del subsuelo cántabro, para examinar los potenciales peligros que conllevaría esta técnica.

Finalmente, se decidió respecto a ambas peticiones requerir al Gobierno de España para que aporte toda la información relativa a los permisos para poder estudiarla con más detalle, así como dejar para un momento posterior el pronunciamiento al respecto por parte de la Comisión de Peticiones.