La Plataforma del Tercer Sector dice que el fallo del Supremo sobre subvenciones supondrá un "grave perjuicio"

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector "colaboradoras" de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Alega que la Administración General del Estado no respeta la "competencia exclusiva" de las autonomías en esta materia.

La Plataforma, codemandada en el recurso, alega, por un lado, que las entidades del Tercer Sector son colaboradoras en la ejecución de políticas públicas, a los efectos del artículo 149 de la Constitución, y, por otro, que el Real Decreto impugnado se deriva de la aplicación de otra norma previa sobre medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación cuya constitucionalidad no ha sido puesta en duda.

La Abogacía del Estado alegó por su parte que la competencia estatal ampara la creación de dichas entidades colaboradoras y el otorgamiento de subvenciones como las previstas en el Real Decreto, sin embargo, la Sala III del Supremo ha declarado nulo el decreto considerando que la competencia exclusiva en materia de asistencia social es de las Comunidades Autónomas que la tengan en sus estatutos, como es el caso de Cataluña. La decisión afecta a todo el territorio nacional.

"Supondrá un gravísimo perjuicio para las cerca de 30.000 entidades que conforman el Tercer Sector", afirma el presidente de la plataforma, Luciano Poyato, para explicar que el fallo "condiciona al sector y requiere de una acción inmediata" por parte del mismo, ya que "casi el 90% de las entidades que lo conforman dependen directamente de estas subvenciones".

Como medidas inmediatas, la Plataforma está estudiando los efectos de la sentencia sobre las subvenciones convocadas y otorgadas al amparo del Real Decreto anulado, y prevé reunirse con responsables de Gobierno y grupos políticos para la búsqueda de una solución armonizada y coherente para un sector "que se enfrenta a un gran dilema tras el fallo del Tribunal Supremo".

Poyato añade que el Tercer Sector en España beneficia actualmente a más de 6 millones de personas, cuya asistencia "puede quedar gravemente comprometida" si se avanza jurídicamente en esta línea, que prima "la defensa de las competencias autonómicas en detrimento del bien general".