Secretarios judiciales, contrarios a cualquier medida que imponga un pago a la ciudadanía para acceder a la justicia

El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) ha expresado este viernes su "rotunda oposición" a cualquier medida que "establezca condiciones económicas a la ciudadanía para acceder a la justicia". En este sentido, rechaza que "se pretenda culpar públicamente a los ciudadanos de la tradicional falta de eficacia de la justicia", así como que se proponga "hacer recaer sobre los mismos el coste económico de una supuesta agilización".

Sisej se ha expresado en estos términos en un comunicado tras la propuesta que hizo el pasado lunes el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", aunque el miércoles dijo que el copago en la justicia "no es planteamiento del Consell en estos momentos".

El sindicato ha manifestado que el ciudadano, ante la justicia, "ha de ser el usuario de un servicio público" y, al respecto, ha indicado que el acceso a este servicio "no puede hacerse depender de la capacidad económica individual".

"La garantía de la igualdad en este acceso y la responsabilidad de ello corresponde precisamente a los poderes públicos", ha resaltado Sisej, que considera que "este tipo de iniciativas constituyen un ataque flagrante al estado de bienestar y al principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos".

Igualmente, ha dicho que no entiende que "desde un determinado sector de la judicatura se haya participado de modo entusiasta en la defensa de esta idea", que esta entidad sindical califica de "profundamente injusta".

Según Sisej, "todos los operadores jurídicos, los secretarios judiciales y los jueces y magistrados sabemos perfectamente, y la opinión pública cada vez es más consciente de ello, que la justicia no empezará a ser moderna y eficaz mientras no se culmine la transformación organizativa de la misma", que considera que "debe suponer la implantación de la Oficina Judicial".

Además, entiende necesario que "se coloque por encima de otros intereses la satisfacción de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, sin distinciones en función de su capacidad económica o de cualquier otro tipo".