La ley cumple un año en vigor esperando a que se apruebe el Reglamento de Circulación

Preguntada por la situación del reglamento en los últimos meses, la directora general de Tráfico, María Seguí, ha declarado que se han analizado las consideraciones del Consejo de Estado y ha asegurado que la normativa ya está lista para ser aprobada cuando el Gobierno así lo considere oportuno.

Sin este texto no se pueden poner en marcha medidas como los nuevos límites de velocidad que se aplicarán en zonas urbanas, en donde bajarán hasta 30 kilómetros por hora, y en carreteras secundarias, en donde no se podrá circular a más de 90 kilómetros por hora y no a 100 como ahora. Pero la decisión más polémica es la que permitiría llegar hasta los 130 kilómetros por hora en algunos tramos que así lo permitan de autopistas y autovías.

Tampoco ha podido entrar en vigor la obligatoriedad del casco en ciudad para ciclistas menores de 16 años y que, actualmente sólo es obligatorio en vías interurbanas.

Entre los puntos más polémicos, debido a las precisiones del informe del Consejo de Estado y que, según la DGT, fue "sacada de contexto" es la que apunta que "los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano" y que, hasta su aprobación, se desconoce si ha sufrido alguna modificación.

Según indicó Seguí sobre este tema, este texto hace alusión "al animo de proteger a los peatones" y lo que se pretende es, por ejemplo, que "cuando un ciclista tenga que circular por la acera, coexistiendo con el peatón" tendrá que circular a la velocidad del peatón, "no mas deprisa, precisamente para no atropellarle".

Otra medida destacada es la aplicación de un control de alcohol y drogas a aquellos peatones que estén implicados en un accidente de tráfico o cometa una infracción, como cruzar indebidamente. Ante algunas críticas surgidas, Seguí explicó que "no se va a multar a los peatones que den positivo en estas pruebas" y defendió la decisión de realizar estas pruebas recordando que en 2014 fallecieron prácticamente 370 personas como peatones en España, de las que, el 51 por ciento, presentaban niveles de alcohol o drogas en sangre.

ENDURECIMIENTO ANTE ALCOHOL Y DROGAS

Precisamente, uno de los puntos de este texto de los que ya ha entrado en vigor y que más ha agradado a todos los sectores relacionados con la seguridad vial es la mayor dureza con la que esta ley trata el consumo de sustancias, como ha apuntado el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes.

En este sentido, destaca la "mayor sanción para los conductores reincidentes o que duplican la tasa de alcohol", ya que la ley sube la multa desde los 500 hasta los 1.000 euros para aquellos conductores reincidentes en consumo, tanto de alcohol como de drogas.

Aún así, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, cree que el problema no se resuelve con elevar la sanción, "sino con establecer una 'tasa 0'" que, a su juicio "es más coherente" con el mensaje que se quiere transmitir.

También la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV), María José Alonso, ha criticado que se haga "más hincapié en castigar a quien consume que en buscar soluciones al dicho problema". En este sentido señala que "en muchos de esos casos son adicciones y quizás se debería resolver primero esa cuestión, así como incidir en la concienciación y la reeducación".

"SIN PENA NI GLORIA"

Alonso apunta que esta ley ha pasado "más bien sin pena ni gloria" y la define como un "tímido avance" debido a que "España es un país más regulado por la Normativa europea" que, a su juicio, "es quien manda". "Y mientras el de arriba no mande, el de abajo sobrevive parcheando", ha denunciado.

Además, ha indicado en declaraciones a Europa Press que mientras no se avance en medidas como la educación no se puede decir que se ha apostado por la seguridad vial, Para Alonso, "las medidas coercitivas no son la solución, quizás sean un escarmiento, pero nada más".

Para Canes, no se ve "un impacto especial en la reducción de la siniestralidad vial" y recuerda que "durante varios meses" se ha sufrido un repunte de las víctimas mortales "preocupante". A su juicio y, "a pesar de todas las buenas acciones", la Ley de Tráfico "ha dejado mucho que desear" en algunos puntos.

Así, tanto el presidente de DIA como la vicepresidenta de PMSV, no ven justa la ley sobre la culpabilidad en caso de tener un siniestro por culpa de alguna especie cinegética y que, con la nueva normativa, la responsabilidad recae sobre el conductor. "Han echado balones fuera en favor de las aseguradoras y no del usuario", apunta Alonso.

También ha destacado la decisión de poder sancionar al infractor sin parar el vehículo, algo que para Alonso, "no ha lugar a defensa 'in situ', y no pudiéndose recabar en el momento pruebas que pudiesen justificar y/o avalar la no culpabilidad del denunciado".

Arnaldo, que ha calificado la reforma de la normativa como "decepcionante", ha apuntado que el texto se ha realizado, en parte, para poder "legalizar las multas en diferido" una práctica que "desde hace muchos años lleva a cabo la Administración", ha apuntado. A su juicio, este punto "no obedece a ninguna razón relacionada con la seguridad vial, sino que tiene fines recaudatorios".

Para AEA, la prohibición de detectores de radar que se recoge en la ley es "ir hacia atrás" porque estos aparatos son "un elemento que puede ayudar a detectar los lugares que pueden ser peligrosos" y, por lo tanto pueden "contribuir a la seguridad".

Por otra parte, Canes indica que la obligatoriedad del casco ciclista para menores de 16 años en ciudad "resulta extraño" cuando su padre, que circula a su lado, no tiene que hacerlo. "Pensamos que se está perdiendo la posibilidad de dar ejemplo, de inculcar valores en educación vial, de dar el mensaje de que 'si respetas y cumples todas las normas cuando eres pequeño, tendrás que seguir haciéndolo cuando seas mayor, lleves una bicicleta, un ciclomotor o un coche", señala.