Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Una red de prostitución y corrupción policial convierte Lugo en una pequeña Sicilia

"Armando, violador" o "Armando, dónde está Ana",  las pintadas se refieren a Armando el primer guardia civil encarcelado y a Ana una de las protitutas que apareció muerta en el parque del Retiro de Madrid. Además de este crimen se investiga la desaparición de Sandra, otra de las mujeres de la red. 
Hay al menos dos abortos documentados en el sumario. Uno, el de Nahir. Le dijeron "o abortas o te vas en una caja de pino a tu país". El ginecólogo imputado "le ató las piernas con hebillas y utlizó un aparato con una manguera", dice ella.
Cuando las chicas denunciaron, la Subdelegacion del Gobierno y la comandancia de la Guardia Civil perdieron la denuncia. El entonces subdelagado pidió que no expulsaran a Nidia una de las prostitutas porque se iba a casar con un concejal. Otra de las chicas que, en cambio, quiso denunciar la trama fue expulsada a toda prisa. Algunas de las mujeres son testigos protegidos y están escondidas.
El papeleo lo arreglaban funcionarios de extranjería.
Multadas si enfermaban
Joice es una de las brasileñas engañadas. Voló a Barajas desde Brasil y un policía nacional del aeropuerto la coló. Llegaban chicas todas las semanas y él se encargaba de que pasaran los controles. Viajaban a Lugo en autobús y allí las recogía uno de los ayudantes del principal proxeneta. Trabajaban para saldar su deuda de 4.500 euros y pagaban una tasa diaria de 64, por el alojamiento y por los servicios prestados. Las obligaban a prostituirse seis días a la semana y eran multadas si enfermaban.
Los ayudantes del principal proxeneta eran un cabo de la Guardia Civil y su jefe, un brigada de la unidad orgánica de Policía judicial, y un sargento de policía local. Además de copas y chicas gratis en los clubes y en fiestas, se quedaban parte de los beneficios del negocio.
Hay otros ocho agentes investigados por darles cobertura, por avisarles si iban a hacer redadas o por proporcionar munición para las armas que fueron encontradas en el Queens, uno de los cinco clubes intervenidos. También les suministraban droga.
La investigacion la inició asuntos internos de la Guardia Civil pero luego se quedó a cargo un equipo de guardias comisionado por la juez para la operación carioca. Tuvieron muchos problemas de colaboración e incluso su despacho fue asaltado por unos desconocidos. La juez del caso se ha quejado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio del Interior por la falta de colaboración. Uno de los últimos imputados es un comandante de Guardia Civil al que se acusa de saber y no actuar, es decir, de omision del deber de perseguir delito. Algunos mandos policiales podrían ser los próximos imputados por lo mismo. La juez está amenazada y lleva escolta policial.