El 62,7% de las 46.075 sentencias penales sobre violencia de género en 2015 fueron condenatorias

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado este viernes 29 de abril que los órganos judiciales españoles dictaron un total de 46.075 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género en 2015, de las que el 62,7% fueron condenatorias.

Así lo ha puesto de manifiesto Lesmes durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha concretado que el pasado año los tribunales dictaron 28.870 sentencias condenatorias, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a 2014.

"Mientras sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas, mientras siga habiendo niños que se quedan huérfanos por esta brutalidad o mientras siga habiendo mujeres que viven aterrorizadas por el maltrato, nada de lo que podamos hacer hará que nos sintamos satisfechos", ha comentado el máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces.

En este sentido, Lesmes ha explicado que en 2015 se acordaron 24.679 órdenes de protección, de las 41.757 que se solicitaron, lo que representa un 59,1% y algo más de un punto de incremento respecto a 2014.

Además, ha apuntado que se adoptaron 57.366 medidas penales, como órdenes de alejamiento (acordada en el 76,1% de los casos); prohibición de comunicación (75,8%); suspensión de tenencia y uso de armas (14,4%); y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión (8,7%).

Igualmente, el pasado año se dictaron 15.037 medidas civiles cautelares, según ha concretado, mientras se resolvía el proceso penal. Así, se suspendió el régimen de visitas en 728 casos frente a los 565 del año anterior; la patria potestad (84 casos frente a 56 en 2014); y la guardia y custodia, acordada en 1.223 procesos frente a los 1.078 del año anterior.

"Podríamos pensar que la evolución de estos datos refleja una mayor sensibilidad y concienciación ante el problema de la violencia de género y que el incremento de denuncias y solicitudes de protección evidencia que la mujer víctima ya no se resigna al silencio de otras épocas y que decide poner los hechos en conocimiento de las instituciones del Estado", ha declarado.

A renglón seguido, Lesmes ha apuntado que el aumento de las condenas a los maltratadores, de las órdenes de protección y las medidas civiles de protección a los menores, podría ser una "consecuencia directa" de leyes como la de Protección a la Infancia y el Estatuto de la Víctima, así como de una mayor "implicación y formación del personal judicial".

El presidente del CGPJ también ha recordado los datos de víctimas que, "de manera intolerable", continúan recordando que "esta lacra sigue siendo una realidad". De esta forma, ha apuntado que en 2014 hubo un total de 54 mujeres asesinadas y 41 niños huérfanos; 60 mujeres asesinadas y 51 niños huérfanos en 2015; y en lo que va de este año, 16 mujeres asesinadas y ocho niños huérfanos.

En 2015, más de 120.000 mujeres aparecieron como víctimas de violencia machista en las casi 130.000 denuncias presentadas en los juzgados. "Cifras, todas ellas, escalofriantes", ha declarado.

Según ha dicho, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ "ha intensificado, una vez más, su actividad, poniendo el acento en la mejora de la respuesta judicial", así como en la "necesidad de reforzar la protección a las víctimas".

A este respecto, Lesmes ha recordado que el Observatorio ha formado parte del grupo que en 2014 y 2015 ha trabajado en la revisión y elaboración de un nuevo formulario de valoración policial del riesgo de las víctimas; y ha participado en un Protocolo de actuación en el ámbito penitenciario para garantizar que los agresores portan los dispositivos de seguimiento por medios telemáticos cuando disfrutan de un permiso penitenciario o son excarcelados.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Lesmes ha defendido que también es "objeto de atención prioritaria" la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En este punto, ha explicado que el Foro Justicia y Discapacidad ha desarrollado una "intensa actividad" y ha destacado el nombramiento de los delegados de Discapacidad en los Tribunales Superiores de Justicia, la publicación del libro 'Discapacidad e infancia' y la firma con el Boletín Oficial del Estado de un convenio de colaboración para la coedición del 'Código de la Discapacidad'.

Sobre los desahucios que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha asegurado que se ha trabajado asimismo en la mejora de la respuesta de las instituciones.

Para ello, se han revisado los convenios de colaboración con distintas comunidades autónomas (Galicia, Aragón, País Vasco, Valencia, La Rioja y Navarra) y Federaciones de Municipios, Comarcas y Provincias que permitirán la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de la vivienda habitual y la adopción de medidas de carácter social.

"El órgano de gobierno de los jueces no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública. La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables ha de ser también parte importante de nuestra actividad", ha zanjado.