La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha hecho hincapié en que "la Carta aprobada sitúa a España en la vanguardia de los países europeos". La entrada en vigencia del documento prevé la agilización de los procesos de reclamaciones y de resolución de contratos. En materia de la ley de publicidad, la Carta considera "desleal y agresivo" todo comportamiento que pueda "mermar de manera significativa, la libertad de elección o conducta de los consumidores en relación al bien o servicio que se oferte, como el "spam" telefónico.
Otra novedad importante es la obligación del operador de avisar a sus abonados con un mes de antelación los posibles cambios en el contrato, que ahora verán su contenido ampliado. Quedarán prohibidas las modificaciones unilaterales que no estén expresamente previstas. El documento aprobado contempla entre otras medidas una indemnización automática en caso de avería en las comunicaciones fijas y móviles -si la cuantía es superior a un euro-, y en Internet por más de 6 horas de interrupción entre las 08:00 y las 22:00 horas.
Cambiar de operador, un trámite mucho más ágil
De quince a tan sólo dos días. Este es el nuevo plazo que el operador tendrá para dar de baja a un cliente, quedando prohibida la facturación posterior. 24 horas tendrán que ser suficientes, según ha fijado el Gobierno, para llevar a cabo la portabilidad entre compañías, una vez la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones haya aprobado las especificaciones necesarias.
El Consejo de Ministros quiere proteger con la Carta al usuario de las altas fraudulentas. Esta práctica recibe el nombre de slamming y consiste en dar de alta al usuario en una operadora sin su consentimiento. La Administración tendrá poderes sancionadores mayores que los de los operadores. Estos estarán también obligados a informar a los usuarios, antes de contratar servicios de Internet, sobre los factores que influyen en la velocidad efectiva de su línea.
El cliente, el gran beneficiado por las medidas
La Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones introduce importantes garantías con el objetivo de reforzar la eficacia de los servicios de atención al cliente de los operadores y el derecho de los usuarios a disponer de una constancia escrita de las reclamaciones realizadas. La nueva normativa obliga al operador a contestar en el plazo de un mes las reclamaciones presentadas por los usuarios.