El encuentro, que se celebra entre el 26 y el 28 de enero en México, reunirá a 39 representaciones de miembros de la OMC, entre las que se encuentran las de la Unión Europea y Estados Unidos, así como las delegaciones de Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Marruecos y el país anfitrión de esta reunión, entre otras. Ninguna ONG ni miembro de la sociedad civil está invitada.
Aunque el contenido de las negociaciones se ha mantenido en secreto en aras de la seguridad nacional,algunos documentos filtrados permiten entrever la intención de imponer unos controles en el uso de Internet.
En concreto, y tal y como recogen Javier de las Cuevas y Wichio, de Microsiervos, el tratado auspiciaría que "los proveedores de acceso a internet corten la conexión de los abonados a instancias de las empresas audiovisuales tras haber recibido estos abonados un cierto número de avisos, pudiendo os proveedores bajo los auspicios del tratado llegar a tener algún tipo de responsabilidad legal si no cumplen con ello", y "que los servicios que alberguen contenidos de cualquier tipo en Internet como pueden ser Flickr o YouTube tengan que retirarlo automáticamente ante cualquier queja sobre su titularidad, sin comprobar a priori si esta es cierta o no".
ONGs y 'telecos', contra el texto
Estos miedos ha llevado a ONGs y empresas de telecomunicaciones a poner el grito en el cielo.
Reporteros sin Fronteras subraya que el ACTA representa "un auténtico peligro para la libertad de expresión en Internet". "El Parlamento Europeo ni siquiera tuvo acceso a los documentos". "Esta exigencia de transparencia en la materia no se puede negociar ni tampoco someter a unos imperativos económicos", apunta.
Esta asociación, además, pide a los miembros de la Unión Europea y a los demás gobiernos que "den explicaciones" sobre temas como "la prohibición de los recursos para evitar filtros o bloqueos que impedirían que los ciudadanos esquivasen la censura en Irán o en China", el "corte de internet" y el "establecimiento de un filtro automático, una limitación de la libertad de expresión, que, sin intervención de un juez, es ilegal".
Desde la ETNO, la patronal europea del sector de las telecomunicaciones, se denuncia también la falta de transparencia. Michael Bartholomew, director de ETNO, teme que el acuerdo incluya "medidas muy amplias y desproporcionadas".
La patronal advierte que los puntos más conflictivos de la negociación atañen a la aplicación del derecho de propiedad intelectual en el terreno de internet, "un área donde los derechos fundamentales de los clientes y el acceso al conocimiento están en juego".