Hay varias razones de peso para que los especialistas en la materia consideren la Disposición Adicional Primera de la Ley de Economía Sostenible un "despropósito", "una barbaridad jurídica" o bien "una chapuza".
¿Vulneraría la libertad de expresión?
Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en derechos civiles en Internet, describe un panorama desolador: "Les quitan a los tribunales de lo mercantil una serie de competencias que pasan a un juez de lo Contencioso Administrativo que decide en un plazo de cuatro días". Estas condiciones dejarían a los titulares de páginas web en una "situación de indefensión jurídica" en un plazo de tiempo tan corto que impediría una valoración completa de los hechos. Tal indefensión se extendería, para colmo, "a los que participan en los foros de dicho sitio en Internet, por lo que mucha gente podría quedar desprotegida a la luz de esta nueva medida".
Algo preocupante que ha querido subrayar otro entendido en la materia como el especialista jurídico en propiedad intelectual Andy Ramos, mucho más cercano en su labor habitual a quienes poseen esos derechos de propiedad intelectual que persiguen protegerse. Ramos también considera la iniciativa un "disparate" y coincide con Sánchez Almeida en el "despropósito" que supone que un tribunal de Derecho Público como el contencioso administrativo se ocupe de asuntos privados entre particulares, como son los conflictos que se pueden producir entre propietarios de las páginas webs y los detentadores de los derechos de propiedad intelectual.
El problema también reside en que esta normativa no aclara si estos sitios de enlaces suponen una vulneración de la propiedad intelectual. Andy Ramos se refiere al criterio que rige en los Estados Unidos, según el cual el propietario de la web no sería tanto un "infractor" como un "facilitador de infracciones individuales", en la medida en que poseería un medio a través del cual sus usuarios estarían vulnerando el derecho de la propiedad intelectual.
Unos tanto...
Un error que Carlos Sánchez Almeida critica comparándolo con la urgencia que merecen otros asuntos que, en paralelo, están a la espera de una mayor dotación de recursos: "Se están empleando tantos medios en esto como en la lucha contra ETA. En los casos de pornografía infantil a través de la red, estafa masiva o phishing y ciberterrorismo no se ha creado una jurisdicción especial pese a que las policías encargadas llevan mucho tiempo pidiéndolo".
No todo queda ahí. Según opina Andy Ramos, la normativa podría incluso ser desfavorable para los propietarios de los derechos intelectuales: "Si esta disposición se aprueba, podría haber un conflicto entre órdenes judiciales y administrativas, de modo que ni siquiera el propietario de los derechos se sintiera seguro". "Es un artificio jurídico que hace aguas por todos los sitios".
¿Por qué precisamente esta normativa?
¿Por qué, entonces, aprobar una disposición como la actual, que probablemente no vaya adelante en un proceso en el que tendrá que vencer la oposición en el Parlamento? Carlos Sánchez Almeida lo ve como "un gesto de cara a la galería: el Gobierno sabe que esto no va a salir y quiere quedar bien con determinados sectores".
Unas razones que no comparte Andy Ramos, que hace referencia a "presiones internacionales" para la aprobación de estas medidas: "No es casualidad que España acabe de comenzar su Presidencia rotatoria europea y que en EEUU se acabe de dar una noticia en la que se afirma que el Gobierno ha aprobado una normativa que lucha contra la piratería". Los esfuerzos de cooperación con los EEUU y la necesidad de "dar ejemplo" al frente de la UE habrían llevado a la conclusión de un trabajo que podría acabar en balde. La aprobación y puesta en vigor parece casi imposible. Para Sánchez Almeida, "el Estado de Derecho se acabará imponiendo". A.V.