En España no hemos llegado a tanto. Pero ya en octubre del año pasado, el Gobierno aprobó la llamada 'Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones'.
Esto se traduce en una obligación, por parte de las empresas que realizan estos servicios, de almacenar los datos vinculados a la comunicación por un periodo de tiempo máximo de dos años, a la vez que garantizan el secreto de las mismas.
Al hilo, el abogado Carlos Sánchez Almeida, comenta que "únicamente se podrán intervenir las conversaciones con la petición expresa de un juez" y que, por el momento, nada parecido a lo que se plantea en Reino Unido se puede llevar a cabo en España ya que "eso supondría cambiar la Constitución".
Además, la ley actual tiene límites. "En ningún caso se pueden guardar los datos relativos al contenido de una comunicación", aseguran desde el Ministerio de Interior.
En aras de una mayor seguridad
Con la excusa de velar por la seguridad y luchar contra el terrorismo, el Estado ha llevado a cabo un gran despliegue de medios tecnológicos para nuestro control.
Ejemplo de ello son las innumerables cámaras que se asoman desde los edificios por todas las ciudades españolas. Sólo en la capital, se calcula que hay más de 20.000 cámaras vigilando todos nuestros movimientos.
Frente a esto, un 70% de los españoles se muestra preocupado por la protección de sus datos personales, según recoge una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Es la misma pesadilla descrita por Orwell hace casi 60 años. El problema aquí es que a diferencia de su personaje protagonista, Winston Smith, no tenemos la oportunidad de relevarnos y gritar "¡Abajo el Gran Hermano!". Lejos de esto, parecemos casi hasta habituados a esa vigilancia.