"A falta de una revisión a fondo del texto aprobado", estas entidades consideran una "buena noticia" que, "a pesar de hacerlo con un año de retraso", el Gobierno adapte esta normativa al derecho comunitario, en línea con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo.
Tal y como han destacado en un comunicado, este Real Decreto Ley "soluciona la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa", lo que en su opinión ha causado un "grave perjuicio a los titulares de derechos".
Además, estas entidades celebran que el texto "corrige la definición y alcance del límite de copia privada, poniendo fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos".
Sin embargo, Adepi ha señalado que los importes provisionalmente asignados para reparar el daño causado y hacer efectiva la compensación son "objetivamente más bajos" que los de los de los países del entorno y quedan por tanto "por debajo de la media de la Unión Europea", por lo que esperan un ajuste "con criterios objetivos" durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema.