El Ejecutivo ha llevado a cabo esta modificación después de que la actual normativa, que puso en marcha el PP en 2011 y que cargaba este gasto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), haya sido tumbada por el Tribunal Supremo y por la UE al considerar que es ilegal e incompatible con la directiva europea existente en esta materia.
Ante la previsión de que este decreto ley se pusiera en marcha, el Gobierno ya no incluyó en las partidas presupuestarias para 2017 la cuantía correspondiente a la compensación por copia privada, que ascendía a más de cinco millones de euros, según apunta el propio Ejecutivo en el informe sobre el impacto presupuestario de este nuevo texto.
Aún así, el texto fija una implantación escalonada del decreto para facilitar la introducción del nuevo modelo. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, explicó este lunes que el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la Disposición Transitoria Segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.
SIN CIFRAS DE COMPENSACIÓN
El Ejecutivo pone como ejemplo un teléfono móvil o smart-phone, por los que los fabricantes abonarán 1,10 euros, o un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, con un gravamen de 3,15 euros. Asimismo, precisa que se gravan a los mismos aparatos que en los países del entorno de España, pero "en una horquilla de cuantías más baja".
En este sentido, el informe sobre el impacto económico de esta norma, recogido por Europa Press, no precisa cuál será la cuantía que recibirá el Ejecutivo con la aplicación del nuevo canon. Según apunta, será la puesta en marcha de la norma y la evolución del mercado lo que "demuestre realmente las cuantías del perjuicio compensado".
Los principales grupos de la oposición explicaron este lunes que iban a estudiar durante esta semana el texto aprobado por el Ejecutivo para comprobar que cumple con los exigido por los tribunales, tanto europeos como nacionales. Méndez de Vigo señaló que el decreto ley está trabajado con los partidos, unas conversaciones que han reconocido tanto Ciudadanos como PSOE.