En total, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha citado a 13 testigos propuestos por Fiscalía --ex altos cargos de la Generalitat, asesores de Presidencia y empresarios-- entre los meses de enero y febrero de 2016, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La citación de estas personas obligó al juzgado a retrasar --sine die-- las declaraciones como imputados del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la ex consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar'.
En concreto, el primero en testificar será Olivas el próximo 11 de enero a las 10 horas; mientras que a las 12 horas está citado el empresario Fernando Roig; el día 18 comparecerán otros dos empresarios vinculados a Valmor; el 28 de enero está citado a las 10.00 horas el expiloto de la Fórmula 1 Adrián Camps, y a las 12.00 horas la jefa de Relaciones Institucionales y Protocolo del Circuito, Natalia Meneu.
El 1 de febrero comparecerá en el juzgado el ex secretario autonómico de Hacienda, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó (12.00 horas); el 8 está citado el ex director de la Sociedad Proyectos Temáticos Nicolás Figueras a las 10.00 horas; y el exjefe de gabinete de Camps, Pablo Landecho.
Así mismo, el día 15 de febrero tendrán que testificar en el juzgado la ex directora general de Organización en Presidencia María Henar Molinero (10.00 horas); y el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos Luis Lobón (12.00 horas). Por último, el 22 de febrero testificará a las 10.00 horas Belén Reyero, de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".