Según el auto del magistrado Fernando Andreu al que ha tenido acceso Efe, la querella se dirige contra los administradores de Arve Investment y contra las mercantiles Condor Plus (hoy Pahes Desarrollo Empresarial), Alvan, Corporacion Industrial Salazar 14, Unión de Capitales y Demi Stone.
También afecta a las empresas Asesoría Financiera Madrid, Inversiones Patrimoniales Sabe, Aceites Cañaveral, Tamagan Inversiones, Huarbec Servicios, Assistant Works, Arve Investment, Solar de Lar García, Reumadrid, Conficontrol Servicios Integrales y Pertinde.
Según el texto del auto de la Audiencia Nacional, se admite la querella contra los administradores por presunta comisión de hechos que a juicio de la parte querellante podrían ser constitutivos de delitos de apropiación indebida y/o societarios, delito relativo al mercado y un delito de estafa.
El auto precisa que el Ministerio Fiscal emitió su dictamen en el que indicaba procedente aceptar la competencia para conocer la querella y realizar las acciones que se deriven "de la necesidad de comprobar el destino final de los fondos transferidos presuntamente al extranjero y circunstancias derivadas de los negocios celebrados fuera de España" que puedan resultar en perjuicio de SOS Cuétara.
Añade que los delitos que se persiguen, además de la cuantía "de la defraudación denunciada" (más de 230 millones euros), afectan a una generalidad de personas por tratarse de delitos relativos al mercado y a los consumidores, "al haberse alterado o intentado alterar" el precio de las acciones de SOS Cuétara.
Indica que entre los delitos denunciados figuran los que se atribuyen bajo el título de "imputación de estafa continuada por otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero", que resultan cometidos por españoles en el extranjero.
Y señala que la falsa presentación de avales que se atribuye al querellado Jesús Salazar se efectúa en unas letras de cambio que se ponen en circulación la Ciudad de Ginebra (Suiza), "siendo éste el lugar de comisión del ilícito penal al ser el momento en que el documento simulado entra en el tráfico jurídico".
Recoge que la cantidad de 230 millones que se denuncia como defraudada "sin duda afecta a la estabilidad financiera, empresarial y de mercado de una empresa como SOS Cuétara, que cotiza en Bolsa" y que además de la citada cantidad y su incidencia en el ámbito empresarial y financiero español también debe tenerse en cuenta que la investigación desbordaría el marco espacial de los Juzgados de Rivas-Vaciamadrid, sede social de la compañía.
El auto menciona la "notable complejidad" de la investigación de los hechos, no sólo por la cuantía y número de operaciones que se estiman fraudulentas, sino también por la complejidad de la trama empresarial que se denuncia, así como "la variada participación de personas denunciadas, alcanzando a un total de 8 personas físicas y 24 sociedades".
El auto recoge que en la querella se describen detalladamente una serie de apreciaciones sobre los hechos, como lo son la creación de documentos "dirigidos a encubrir la responsabilidad de Jesús y Jaime Salazar y lograr imponer fraudulentamente un acuerdo en perjuicio de SOS Cuétara y la inexistencia de las garantías con las que se avaló la deuda Condor Plus".
El auto indica que a través de esta sociedad "se habría realizado una buena parte de los hechos denunciados, y otras actuaciones que deben ser objeto de investigación a fin de determinar si las graves acusaciones que se realizan tienen fundamento".