"Estamos en contacto sobre esto con las autoridades españolas. Nuestra evaluación está en marcha. No podemos prejuzgar el resultado", ha expresado el portavoz comunitario responsable de cuestiones de competencia, Ricardo Cardoso.
No obstante, el procedimiento no es una investigación formal del asunto y se basa en la recogida de información del mismo. Se trata de un paso previo que podría desembocar en la apertura de una investigación en profundidad para determinar si esta compensación supone o no una ayuda ilegal de Estado que rompa con las normas comunitarias de competencia.
El Congreso aprobó en octubre de 2014 el decreto ley que suponía la hibernación del almacenamiento subterráneo y autorizó el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora. Esta medida supuso la prohibición de realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento.