Si detecta disposiciones discriminatorias, el Ejecutivo comunitario exigirá al país en cuestión que las suprima o las cambie para ajustarlas a la legislación comunitaria. En caso contrario, lanzará un procedimiento de infracción contra el Estado miembro incumplidor.
"Las reglas de la Unión son claras: todos los ciudadanos de la Unión deben se tratados en pie de igualdad en el mercado único. No puede haber discriminación y no se puede cuestionar el derecho de los trabajadores a la libre circulación", ha dicho el comisario responsable de Fiscalidad, Algirdas Semeta, en un comunicado.
Los obstáculos fiscales son, según Bruselas, uno de los principales elementos que disuaden a los ciudadanos europeos de abandonar su país de origen para buscar trabajo en otro Estado miembro. Estas trabas se encuentran tanto en el lugar de origen como en el de destino.
La investigación de Bruselas se centrará en las legislaciones nacionales sobre los impuestos sobre la renta y sobre la riqueza. Entre los problemas que la Comisión quiere combatir se encuentran, por ejemplo, un tratamiento fiscal más favorable para las contribuciones a fondos de pensiones o seguros que se hacen en entidades domésticas que en aquellas basadas en otros Estados miembros.
El Ejecutivo comunitario también quiere acabar con las ventajas fiscales para dividendos domésticos que no se conceden a los extranjeros, con las deducciones por gastos escolares nacionales que no se aplican si se realizan en otros Estados miembros o con impuestos más altos a los beneficios cuando un no residente vende su casa que cuando lo hace un residente.