Pero a pesar de las palabras tranquilizadoras del presidente de EE.UU., Barack Obama, y los principales ejecutivos de la empresa, algunos proveedores del fabricante de automóviles decidieron dejar de suministrar componentes, lo que obligó al cierre inmediato de varias factorías y el envío a casa de forma temporal de centenares de trabajadores.
Obama acusó a un reducido grupo de acreedores de Chrysler de provocar la quiebra de la compañía al negarse a aceptar la oferta realizada por el Gobierno para canjear la deuda, pero advirtió que éstos no aprovecharían el proceso en su favor.
"Nadie debería confundirse sobre lo que el proceso de quiebra significa. Este no es una muestra de debilidad sino un paso más en el camino, claramente marcado, de recuperación de Chrysler", afirmó.
El presidente añadió que el proceso será rápido, eficiente y controlado.
Según el mandatario, "era inaceptable que un pequeño grupo de especuladores pusiesen en peligro el futuro de Chrysler al rechazar hacer sacrificios como todo el mundo".
Obama se refería a una fracción de los 46 bancos y fondos de inversión a los que Chrysler debe 6.900 millones de dólares.
Un pequeño grupo rechazó la oferta del Departamento del Tesoro de canjear esa deuda por unos 2.250 millones de dólares en efectivo, lo que desencadenó la declaración de quiebra.
Aunque ni la Casa Blanca ni Chrysler han identificado públicamente a esos "especuladores", el periódico Free Press de Detroit dijo que son las sociedades Oppenheimer Funds, Perella Weinberg Partners y Stairway Capital.
Tras las palabras de Obama, la compañía automotriz anunció que había presentado la solicitud de quiebra ante el Tribunal de Quiebras del distrito meridional de Nueva York y que presentará una moción ante el juez para solicitar la rápida aprobación de la alianza con Fiat y la venta de sus activos principales a la nueva compañía.
Chrysler dijo que en 30 ó 60 días debería surgir una nueva empresa "más concentrada" que probablemente mantendrá el mismo nombre.
La firma tiene previsto suspender todas sus actividades de manufacturación el próximo 4 de mayo hasta que salga de la suspensión de pagos.
Mientras tanto, sus principales ejecutivos aseguraron que los concesionarios tienen suficientes automóviles para responder a la demanda de los consumidores.
Washington proporcionará 3.300 millones de dólares a la compañía para que pueda seguir operando mientras esté en quiebra. Y una vez que se constituya la nueva Chrysler, las autoridades estadounidenses darán otros 4.700 millones.
El Gobierno canadiense proporcionará de forma adicional una cantidad equivalente a un tercio de las cifras que presté Washington.
Chrysler dijo que la quiebra sólo afecta sus operaciones en Estados Unidos y no a sus subsidiarias en Canadá y México.
El presidente y consejero delegado del gigante automotriz, Bob Nardelli, confirmó que abandonará la empresa una vez que esta supere la quiebra, aunque indicó que no sabe quién será su sustituto, que tendrá que ser elegido por el nuevo consejo de dirección del fabricante.
El copresidente de Chrysler, Tom LaSorda, también anunció que se retirará aunque todavía no ha decidido en qué momento se producirá su marcha.
Otra de las consecuencias de la reestructuración del sector es la posible fusión de los brazos financieros de Chrysler (Chrysler Financial) y General Motors (GMAC), ambas bajo el control del fondo de inversiones Cerberus.
Nardelli explicó que las dos empresas está en negociaciones para unirse y crear "una de las mayores instituciones financieras del sector del automóvil".
Con respecto a la alianza con Fiat, la empresa italiana permitirá el uso "de toda su propiedad intelectual" para capitalizar Chrysler a cambio del 20 por ciento del capital de la nueva empresa.
El fabricante italiano tendrá el derecho a hacerse con otro 15 por ciento si Chrysler logra una serie de metas, como la producción de un vehículo en EE.UU. que consuma 40 millas por galón (5,88 litros por cada 100 kilómetros).