En un comunicado, el organismo presidido por Luis Berenguer anunció hoy la apertura del expediente a raíz de una denuncia presentada por Gas Natural.
De acuerdo con Competencia, Iberdrola habría pasado clientes de electricidad desde su comercializadora de último recurso, donde se acogen los clientes con tarifas reguladas, a la de mercado libre.
Estos cambios, añade Competencia, se hicieron sin recabar el consentimiento expreso del consumidor que exige la normativa del sector.
Las empresas que incurrieron supuestamente en las conductas "de falseamiento de la libre competencia por actos desleales" son Iberdrola Comercialización de Último Recurso, que aglutina a los clientes que están acogidos a precios regulados, Iberdrola Generación y la matriz Iberdrola.
Desde junio de 2009, los consumidores pueden acudir al mercado libre y elegir quién le suministra electricidad, aunque los que tienen potencia contratada por debajo de 10 kilovatios (kW), lo más común en los domicilios, pueden acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), la única fijada por el Gobierno.
Para adaptarse a estos cambios, las empresas tuvieron que separar la gestión de los negocios de distribución y comercialización de electricidad.
Desde la liberalización del mercado de gas y electricidad, Competencia ha abierto algunos expedientes sancionadores más al sector por obstaculizar los cambios entre compañías.
En 2009, la CNC inició uno contra Gas Natural Distribución, a raíz de una denuncia de Iberdrola, por obstaculizar los cambios de suministrador mediante la negativa de tramitar las solicitudes por teléfono.
Asimismo, en febrero de este año, Competencia amplió un expediente abierto a la patronal de las grandes eléctricas Unesa por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en el diseño y la coordinación de estrategias en el seno de la patronal, de la que forman parte Iberdrola, Endesa, HC Energía, Gas Natural-Unión Fenosa y E.ON
Según explicó el organismo, dichas prácticas consistirían en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos energéticos, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales.
Competencia recuerda que la apertura del expediente "no prejuzga" el resultado final de la investigación y que el organismo tiene 18 meses para la instrucción y resolución del expediente.