De esta forma quedó constatado durante el debate a la totalidad de la directiva de Servicios tras la oposición de la mayoría del pleno a las citadas enmiendas, con 319 votos en contra (PSOE, PP y CiU), 7 a favor (BNG, IU, ICV, NaBai y CC) y 8 abstenciones (ERC y PNV).
La Ley Paraguas que recoge las bases para la trasposición de la Directiva Europea de Servicios en otras leyes y para todas las Administraciones debe quedar perfilada este año ya que el plazo para la trasposición de esta norma de la UE vence el próximo mes de diciembre.
Durante el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, defendió este proyecto de Ley porque "facilitará la creación de empresas, elevará la calidad de los servicios y condicionará la competitividad y el bienestar de las familias".
Negó que la normativa española no sea respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y agradeció la "estrecha colaboración" de todas las autonomías para su elaboración "desde el principio".
Según Salgado, la directiva de Servicios es una "oportunidad para reformar en profundidad un sector que representa las dos terceras partes del PIB y del empleo total" y supondrá la creación de 200.000 empleos y la aportación de 1,2 puntos porcentuales a la economía española.
Asimismo, destacó que "no afecta a las condiciones de empleo ni de trabajo".
En sentido contrario, IU y BNG criticaron que el proyecto de ley sea una "amenaza" para el sector público, restrinja el ámbito de aplicación de sus servicios y reduzca la protección de los derechos de los ciudadanos.
Según la diputada del BNG, Olaia Fernández, la Ley Paraguas desregula múltiples sectores de intervención administrativa y recorta las competencias autonómicas porque elimina la exigencia de autorizaciones individuales para abrir un negocio y las limita a la existencia de razones imperiosas de interés general.
En el mismo sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares justificó la enmienda a la totalidad compartida con ICV en que el proyecto de ley va más allá del carácter neoliberal de la directiva europea y confunde "intencionadamente" la burocratización con el control público.
En referencia a estas críticas, la ministra defendió durante su discurso que la nueva regulación elimine las autorizaciones con carácter general para abrir un establecimiento y que sólo sean excepcionales por razones de orden público, de protección al medio ambiente o de salud pública, entre otras.
Por otra parte, tanto los grupos parlamentarios de CiU como del PP, votaron en contra de las enmiendas a la totalidad aunque fueron muy críticos con el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo.
El diputado del PP Álvaro Nadal consideró que el Gobierno se ha quedado "corto" en la trasposición de la directiva europea y no ha "aprovechado" para hacer una "liberalización ordenada" y crear una "verdadera legislación de unidad de mercado".
Asimismo, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, anunció que enmendará el proyecto de Ley en su trámite parlamentario en Comisión para que incluya aspectos, como el lingüístico y la Ley Paraguas termine "ajustándose" a la realidad de la economía española.
Por su parte, la diputada socialista Meritxell Batet defendió la nueva normativa porque el futuro de España pasa por la transformación de la administración pública para mejorar la productividad y garantizar la eficiencia y la eficacia de la economía.