Las reformas buscan "el empleo racional de los recursos humanos" y están incluidas en un decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Estado, según un comunicado divulgado este lunes por los medios informativos cubanos, todos estatales.
"Una parte importante de esa disposición está vinculada al empleo racional de los recursos humanos y la contratación laboral, para atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo en la sociedad, así como la posibilidad de que los trabajadores incrementen sus ingresos", dice el boletín.
"Destaca particularmente la regulación integral del pluriempleo, mediante el cual se posibilita que los trabajadores, después de cumplir los deberes del cargo que desempeñan, puedan concertar más de un contrato de trabajo y percibir el salario correspondiente", explica el comunicado.
El salario mensual promedio de los cubanos equivale a 17 dólares, aunque además reciben de forma universal y gratuita servicios de salud y educación, así como algunos alimentos y productos básicos subsidiados mediante una cartilla de racionamiento.
Añade que no podrán tener pluriempleo "los cuadros, funcionarios, técnicos y profesionales de la salud, investigadores, profesores, maestros y auditores, excepto para el ejercicio de cargos docentes, de investigación científica u otros que le sean aprobados por decisión expresa de la autoridad u órgano que los designó o eligió".
También se abre la posibilidad de que los estudiantes en edad laboral puedan ser contratados por tiempo parcial y percibir ingresos "por los resultados", sin perjuicio de su formación y el cumplimiento del servicio social obligatorio cuando se graduen.
Las nuevas reformas permiten que las entidades nacionales contraten en La Habana trabajadores de otras provincias, algo que solo podía autorizar hasta ahora el ministerio de Trabajo.
El decreto-ley precisa los requisitos y condiciones para el otorgamiento de prestaciones monetarias por maternidad y reconoce el derecho del trabajador a recibir indemnización por daños económicos y morales cuando se revoca una sanción mal aplicada.
El comunicado agrega que los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior "dictarán las disposiciones que se requieran para la aplicación del decreto-ley en sus respectivos sistemas", al igual que "las organizaciones políticas, sociales y de masas".
Las reformas eliminan prohibiciones y buscan adecuar las disposiciones laborales a las actuales circunstancias de la isla, que vive un agravamiento de su crónica penuria económica y una aguda falta de liquidez, según ha reconocido el Gobierno.
Además, según el comunicado, el decreto-ley "ratifica" la voluntad del Gobierno de "estimular las fuerzas productivas, posibilitar la elevación de ingresos".
También "contribuir a que el trabajo constituya la fuente principal de satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, con independencia que el Estado mantenga la protección de los necesitados".
El Gobierno redujo del 6% al 2,5% su previsión de crecimiento para 2009, a raíz de los efectos en la isla de la crisis financiera mundial, los daños de 10.000 millones de dólares que produjeron tres huracanes en 2008, la caída de ingresos por exportaciones y servicios y el aumento del costo de las importaciones.