El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha reiterado este miércoles que hay "razones objetivas" para creer que Sniace tiene "futuro". Diego ha desvelado que se ha reunido en fechas recientes con los administradores concursales, pero ha preferido no comentar el contenido de la reunión por respeto a un proceso "complejo".
A la vez, Diego ha confirmado que el Gobierno de Cantabria se ha personado en el concurso de acreedores de Sniace para reclamar una deuda que ha cifrado en torno a 15 millones de euros, en su mayoría, en concepto de impagos del canon de saneamiento.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha confirmado que el cambio normativo solicitado por el Gobierno de Cantabria para modificar el parámetro de inmisiones de sulfuro de carbono de Sniace, "está pendiente de informe del Consejo de Estado".
"Cuando salga del Consejo de Estado lo llevaremos al Consejo de Ministros", ha explicado el ministro tras puntualizar que este cambio normativo también afecta a otras industrias del país.
Diego y Arias Cañete han realizado estas afirmaciones a preguntas de los medios de comunicación, durante la rueda de prensa que han ofrecido en la sede del Gobierno de Cantabria para informar sobre inversiones en materia hidráulica.
Diego ha puntualizado que cree en el futuro de Sniace no por lo que le han trasladado los administradores concursales, sino porque "hay razones objetivas para creerlo".
Ha añadido que la reunión con la administración concursal le ha servido para conocer su punto de vista y para reiterar "una vez más" la "disposición" del Gobierno de Cantabria para dar a Sniace "la mejor solución posible", "sólo" -ha puntualizado- desde el punto de vista de la "parte social". En este sentido, ha reiterado que los trabajadores es "lo único que nos preocupa".
Ha añadido que Sniace se encuentra en una situación "muy complicada", con una deuda de 262 millones de euros, y en un proceso "complejo" en el que el Gobierno "tiene que estar en el papel que le corresponde, expectante ante las decisiones que tienen que tomar la empresa y los administradores concursales".
En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional "no tiene nada que decir" respecto a la solicitud de aplazamiento del juicio en la Audiencia Nacional sobre los despidos.