Son medidas "pioneras y progresistas que no se ha atrevido a poner en marcha ningún otro Gobierno", ha asegurado el titular vasco de Vivienda, Javier Madrazo en la presentación de las ayudas.
Las medidas, de las que se podrán beneficiar los ciudadanos vascos sin empleo, por despidos o ERE, serán puestas en marcha de "manera inmediata", ha explicado Madrazo.
Los beneficiarios de las ayudas se deben encontrar en paro desde tres meses antes de solicitarlas, no deben poseer otra vivienda y sus ingresos en los doce últimos meses deben ser inferiores a los 22.000 euros.
Los mecanismos diseñados por el Gobierno vasco pretenden actuar tanto en el mercado de vivienda libre como en el de VPO y en el alquiler.
En el ámbito de la vivienda libre, el Gobierno Vasco está dispuesto a comprar las casas a los ciudadanos que en este momento no puedan hacer frente a las hipotecas y dejárselas en régimen de alquiler con derecho a compra.
En este caso, el Gobierno cambiaría la catalogación de la vivienda de "libre" a "protegida de precio tasado" de "por vida". El precio escriturado y el principal del préstamo hipotecario tiene que ser inferior a los 275.000 euros.
La entidad financiera con la que tenga contratado el crédito deberá acceder "por escrito" a una quita mínima del 20% de la deuda y renunciar a cualquier tipo de comisión por la cancelación de la hipoteca, igual que en las quiebras empresariales.
El Ejecutivo vasco pagaría por la vivienda el precio de "vivienda protegida de precio tasado", cancelaría la hipoteca y se la cedería a sus antiguos propietarios, ahora como inquilinos, por una renta según los precios máximos de vivienda protegida.
Los inquilinos podrían recomprar la vivienda por una cifra igual al precio máximo actualizado vigente para las viviendas protegidas. El precio de compra máxima, "con una quita de 20%", sería de 220.000 euros, equivalente al de una vivienda protegida tasada.
Si el precio escriturado fuera inferior a esta cifra, la compra se haría por esa cantidad. En el caso de la VPO, el Gobierno vasco comprará al propietario la vivienda a cuyos pagos ya no pueda hacer frente al precio oficial y le concederá otra en régimen de alquiler de carácter social.
En el supuesto de los ciudadanos que no puedan hacer frente al alquiler de sus viviendas en el mercado libre, el Ejecutivo propondrá a los arrendadores garantizarles el cobro de las rentas si acepta una reducción mínima del precio del 30%.
Al inquilino se le subvencionará la renta a abonar y solamente deberá pagar una cifra máxima de 450 euros mensuales. Las rentas máximas que se podrán acoger a esta medidas son de 1.050 euros mensuales.
Madrazo ha subrayado que se trata de medidas "pioneras y progresistas que no se ha atrevido a poner en marcha ningún otro Gobierno". En esa línea, ha criticado las iniciativas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, de moratoria de dos años, que "no resuelven el problema, sino que lo aplazan y al final lo agravan".ZA