Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a EFE la información adelantada hoy por la cadena SER, según la cual el Gobierno ha enviado un borrador a la CEOE, CCOO y UGT, con sus propuestas para alcanzar el acuerdo en el diálogo social entre las que se incluyen la citada propuesta.
Según el documento, el cobro de esta prestación está vinculado a que los trabajadores en paro asistan a cursos de formación.
El borrador también contiene puntos referidos a la lucha del absentismo laboral, la mejora de la formación profesional y otras cuestiones que contribuyan a cambiar el modelo productivo, como la revisión de la ley concursal o del funcionamiento de las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Según las fuentes consultadas, se trata de un informe que está sujeto a negociación y, por tanto, puede sufrir modificaciones.
En este sentido, fuentes de la patronal también señalaron a EFE que las propuestas se están analizando y que en los próximos días hará una primera valoración.
Desde Comisiones Obreras, el secretario de Comunicación del sindicato, Fernando Lezcano, advirtió a EFE de que este documento recopila las propuestas que se han hablado en la mesa del diálogo social pero no es "ni de lejos" un acuerdo cerrado.
Hay cuestiones habladas en el diálogo social, recordó Lezcano, sobre las que CCOO no está de acuerdo, como las rebajas de cotizaciones sociales o la actividad de las empresas de trabajo temporal y en particular la posibilidad de que puedan intermediar en "sectores de riesgo" como la construcción.
Este documento no es "en absoluto" definitivo y tampoco supone el cierre de las negociaciones, insistió el portavoz de CCOO.
Tanto el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, como el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, han manifestado recientemente que esperan alcanzar el acuerdo en julio.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, también creen que será posible llegar a un acuerdo antes de agosto, puesto que es muy necesario para afrontar la crisis económica.
La ampliación de la cobertura a los parados es una de las reivindicaciones que los dirigentes sindicales hicieron a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, inmediatamente después de su toma de posesión.