Según fuentes del Gobierno regional, la intención del PP sigue siendo "posibilitar un gran pacto de todos los entes con representación en la entidad financiera", después de que al acuerdo de hoy se hayan sumado también la Cámara de Comercio, la patronal CEIM, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), la Fundación Carme Pardo-Valcarce y el Instituto de Estudios Económicos.
El acuerdo con IU y Comisiones tendrá una vigencia de seis años y persigue, según la Comunidad, "que Caja Madrid continúe manteniendo su tradicional liderazgo en el segmento de las familias y de las PYMES, máxime en un momento como el actual, caracterizado por la falta de liquidez".
Los firmantes consideran que "la voluntad de entendimiento y consenso en el funcionamiento de los Órganos de Gobierno de Caja Madrid es fundamental para consolidar la posición de esta Institución en el mercado financiero, así como para dar cumplimento a los fines fundacionales que tiene encomendados la Caja".
El compromiso alcanzado recoge también como objetivos "seguir avanzando en la mejora de la calidad de los servicios a los clientes" y "apoyar las inversiones en sectores estratégicos de la economía española contribuyendo a la solidez y solvencia de los proyectos en los que participa la Caja".
También "profundizar en la responsabilidad social empresarial a través del desarrollo del Código de Buen Gobierno", "incorporar la política laboral a los planes estratégicos de la entidad, considerada como motor de productividad y rentabilidad" y "dedicar el mayor porcentaje de excedentes a dotar los recursos de la Obra Social, una vez garantizada la máxima solvencia".
IU había anunciado previamente que retiraba su enmienda a la totalidad al nuevo proyecto de Ley de Cajas regional -que se adapta a las razones del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central- precisamente ante la inminencia de este acuerdo, que "adapta" y "renueva" el pacto alcanzado en la entidad en 1996.
El portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid, Miguel Reneses, ha negado que el acuerdo "hable de nombres, ni de presidentes, ni de (Miguel) Blesa", y ha afirmado también que está "abierto a otras fuerzas políticas y sociales".
Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista, Maru Menéndez, ha subrayado que no ha habido "ningún contacto" de su Grupo con el PP ni con el Gobierno de Esperanza Aguirre desde que éste aceptara adaptar la ley al recurso de inconstitucionalidad.
Menéndez ha recordado que IU "ostenta la vicepresidencia de Caja Madrid desde años" y ha apuntado que, a su juicio, esa es "una de las claves del acuerdo que se ha hecho".
"Supongo que el acuerdo que han pergeñado entre (el secretario general del PP de Madrid, Francisco) Granados, (el coordinador general de IU-CM, Gregorio) Gordo y Comfia-CCOO tendrá que ver con la permanencia en los órganos de la Caja", ha señalado.
Reneses ha hecho hincapié en que las modificaciones que asume el PP suponen "volver al inicio de lo que existía" antes de la crisis por el control de la Caja.
Ha explicado que el acuerdo incluye el "respeto a los derechos laborales de los trabajadores", la "pluralidad de gobierno en los órganos de la Caja", el "impulso a la Obra Social" y la "garantía de que no se va a cambiar la naturaleza jurídica" de Caja Madrid.
Según el portavoz popular, David Pérez, el acuerdo va a ser "beneficioso para los madrileños" y va a "asegurar un futuro más sólido para Caja Madrid".
En septiembre de 2003, el Consejo de Administración de Caja Madrid acordó por 13 votos a favor y ocho abstenciones reelegir a Miguel Blesa como presidente de la entidad financiera madrileña durante otros seis años, después de que accediera a este cargo en 1996.
En 1996 se logró que el consenso primase en las renovaciones del Consejo de Caja Madrid y se alcanzó un acuerdo entre varias fuerzas políticas y sindicales que se trasladó a la asamblea de la caja.