Según fuentes judiciales, Standford permanecerá detenido y a la espera de ser trasladado a Texas, donde se celebrará una vista para estudiar su situación legal.
La magistrada Hannah Lauck, ante la que compareció Stanford, de 59 años y presidente de Stanford Financial Group (SFG), con sede en Houston (Texas), coincidió con la fiscalía en que existe el riesgo de que este se fugue del país y ordenó que se celebre una audiencia en la que se decidirá si debe permanecer detenido o puesto en libertad con o sin fianza.
La juez dio a Stanford la opción de poder celebrar esa vista en Houston o quedarse en Virginia, donde se entregó el jueves por la noche a la Oficina Federal de Investigación (FBI). El empresario decidió regresar a Texas.
La abogada que representó hoy a Stanford, Christina Sarchio, se opuso a la vista y argumentó que el empresario texano no huirá, dado que está arruinado a raíz de la confiscación de sus activos por parte del Gobierno.
Steven Tyrrell, del Departamento de Justicia, afirmó, sin embargo, que más de 1.000 millones de dólares de la presunta estafa no han sido localizados aún y Stanford puede acceder a estos fondos.
El abogado de Standord, Dick DeGuerin, aseguró hoy en un comunicado que Stanford es inocente de todos los cargos que se le imputan en EE.UU. y el empresario confía en que el jurado de un eventual juicio le absolverá.
Un gran jurado del Distrito Sur de Texas hizo hoy pública una acusación con 21 cargos contra Stanford y otras cuatro personas supuestamente involucradas en la estafa valorada en 7.000 millones de dólares que fue liderada por el multimillonario durante más de una década, informó hoy el Departamento de Justicia de EE.UU.
En la acusación se imputa a los responsables corporativos James Davis, de 60 años, director financiero de SFG; Laura Pendergest-Holt, de 35 años, encargada del área de inversión; y Gilberto López, de 66 años, el jefe del área contable; y Mark Kuhrt, de 37 años, contables global.
López y Kurth fueron detenidos esta mañana.
La Fiscalía también acusa a Leroy King, de 63 años, ex administrador y director general de la Comisión Reguladora para Servicios Financieros en Antigua, sede de los negocios extranjeros de Stanford, de conspirar para obstruir la investigación de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés).
Stanford, según la acusación, pagó más de 100.000 dólares a King para asegurarse de que su banco no fuera auditado correctamente o verificado el valor de los activos que figuraba en los extractos financieros.
En paralelo, un jurado del Distrito Sur de Florida desclasificó la acusación de otro empleado de Stanford, Bruce Perraud, de 42 años, por la destrucción de documentos relacionados a una investigación federal. Perraud fue detenido esta mañana.
La acusación señala que Stanford y los otros imputados defraudaron 7.000 millones de dólares mediante la venta de títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósitos gestionados por Stanford International Bank (SIBL), entidad controlada por el empresario y situado en Antigua.
Stanford y sus empleados transfirieron más de 1.600 millones de dólares en préstamos personales a su propia cuenta, mientras presentó a los inversores información falsa sobre las condiciones financieras de SIBL y su estrategia de inversión.
En este sentido, Stanford afirmó que los activos de su banco habían aumentado su valor desde 1.200 millones en 2001 a 8.500 millones en diciembre de 2008.
Según la acusación, aproximadamente 5.000 millones de los presuntos activos de SIBL eran pagarés a nombre de Stanford y recogían un interés exagerado en "propiedades de islas".
De hecho, alega Justicia, más de 2.000 millones que figuraron en 2008 en los libros de contabilidad del banco Stanford procedían de transacciones inmobiliarias ficticias.
Todos los imputados afrontan cargos de conspiración para cometer diferentes tipos de fraude, lavado de activos y obstrucción a la investigación de la SEC.
La acusación prevé la confiscación de los bienes y activos de los imputados.
El Departamento de Justicia calcula que Stanford estafó a entre 5.000 y 6.000 inversores mediante su esquema.
El multimillonario podría afrontar una pena máxima de 250 años en prisión, según dijo hoy en rueda de prensa Lanny Breuer, del Departamento de Justicia.
De momento, el Gobierno ha logrado recuperar 300 millones de dólares del fraude mediante la confiscación de bienes.