En este caso, se trata de una reclamación por sobrecostes laborales, por los que el consorcio pedía un total de 45 millones de dólares (unos 41,34 millones de euros), de los que la Dispute Adjudication Board, la junta de resolución de conflictos en contratos, le ha reconocido el derecho a cobrar 22,6 millones, el 54% del total reclamado.
En virtud de esta reclamación, Sacyr y su consorcio solicitaban que se les reconociera el aumento de los costes laborales derivados del mayor número de días de trabajo que provocaron los fallos detectados en el concreto y el basalto, y varias jornadas de huelga.
Por contra, la DAB ha rechazado otra de las reclamaciones del grupo también relacionada con costes laborales, en este caso por importe de 7,5 millones de dólares (6,9 millones de euros). Se trata de los sobrecostes derivados de un acuerdo de negociación colectiva en el país.
El DAB es una de las tres instancias fijadas en el contrato de ampliación del Canal de Panamá para resolver los conflictos que surjan entre la Autoridad del Canal, el promotor de la obra, y el consorcio adjudicatario.
Sacyr y sus socios (Impregilo, Jan de Nul y Cusa) logran que se les reconozca una nuevo sobrecoste, después de que a comienzos del pasado mes de enero la DAB dictara su derecho a cobrar 17,5 millones de dólares (16,12 millones de euros) por los sobrecostes y retrasos que generaron en la obra la huelga nacional y los disturbios registrados en Panamá en mayo de 2014.
Se trata, según las empresas, de la sexta ocasión en que este organismo les reconoce el derecho a cobrar reclamaciones por sobrecostes.
No obstante, el consorcio encargado de la obra tiene presentadas demandas por distintos sobrecostes que en total superan los 3.000 millones de dólares (unos 2.800 millones de euros).
De esta forma, los sobrecostes ya superan al importe de unos 2.300 millones de euros por el que grupo liderado por Sacyr se adjudicó en julio de 2009 el proyecto del nuevo juego de esclusas de la vía interoceánica, una de las mayores obras de ingeniería de civil de la historia.
La resolución de estas reclamaciones tiene lugar en tanto la obra está en su recta final, dado que presenta un grado de ejecución del 96% y ya está desde hace varios meses en pruebas. El objetivo del Gobierno de Panamá es inaugurarla el próximo mes de mayo.