"Sidetur ejercerá las acciones legales destinadas a resguardar los derechos e intereses de sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas en el contexto del proceso de expropiación anunciado por el Ejecutivo Nacional", señaló el comunicado de la empresa.
Esas acciones se justifican, según el comunicado, porque "no existen razones objetivas que justifiquen la expropiación de Sidetur".
Chávez ordenó la expropiación de Sidetur durante su programa dominical de radio y televisión "¡Aló Presidente!" sin ofrecer otra explicación que la de incurrir en un supuesto sobreprecio en la venta de sus productos.
En ese sentido la compañía manifestó que "lo cierto es que la empresa ha cumplido estrictamente con la regulación de precios decretada por el Ejecutivo Nacional, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre del 2006, aún cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana al 100 por ciento".
Por otra parte, Chávez ordenó a la Guardia Nacional que se instalara de inmediato en las plantas expropiadas para resguardar sus instalaciones y evitar obstaculizaciones a la decisión oficial.
Sin embargo, la nota de Sidetur precisa que "cualquier medida de ocupación previa de nuestras instalaciones debe ser acordada por un juez competente y estar precedida del pago del justiprecio establecido por una Comisión de Avalúos imparcial, tal como lo ordena la Ley de Expropiación".
Previamente a estos anuncios, Sidetur recordó en el comunicado que tiene más de 60 años de actividad como proveedora del mercado nacional de productos siderúrgicos para la construcción.
Añadió que sostiene 1.857 empleos directos y más de 5.000 indirectos y que en 2009 colocó en el mercado nacional 350.000 toneladas de cabillas, suficientes para levantar 160.000 viviendas.
Por todo ello, Sidetur exhortó al Gobierno "a evaluar el impacto que esta medida de expropiación tiene sobre los planes de infraestructura y construcción a nivel nacional, así como sobre los trabajadores y sus familias, proveedores y clientes de la empresa".