El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Isolux Corsán, Comsa y Azvi, empresas concesionarias de la autopista Madrid-Toledo, actualmente en quiebra, de anular el contrato de la vía por el hecho de que finalmente no se haya construido su continuación hasta Ciudad Real y Córdoba en contra de lo que, según las empresas, inicialmente estaba previsto.
La resolución del Alto Tribunal ratifica así la decisión del Ministerio de Fomento de no resolver el contrato de la autopista, a la que no obstante concedió una compensación anual por el tráfico supuestamente perdido por no conectar con Andalucía.
Esta sentencia del Supremo sucede a la emitida recientemente sobre la radial R-2 Madrid-Guadalajara, otra de las ocho autopistas de peaje actualmente en concurso de acreedores y en riesgo de liquidación.
En este caso, el Supremo avaló que Fomento no rescatara la vía en 2011, al considerar que sus empresas concesionarias realizaron una estimación de tráfico "excesiva".
La caída de tráfico, la falta de conexiones con otras vías, la construcción de autovías alternativas gratuitas y el sobrecoste que pagaron por las expropiaciones constituyen los motivos por los que una decena de autopistas están actualmente en quiebra con una deuda de 3.400 millones de euros, según sus empresas concesionarias.
En el caso de la AP-41 Madrid-Toledo, la concesionaria atribuye su insolvencia al volumen de tráfico que asegura haber perdido por el hecho de que finalmente no se construyera la continuación de la autopista hasta Ciudad-Real y Córdoba.
El Alto Tribunal rechaza el recurso de las empresas y ratifica la decisión de Fomento, al asegurar que el hecho de que no se construyera el nuevo tramo ni modifica el contrato original, ni impide la continuidad del servicio.
"PROYECTO HIPOTETICO Y FUTURO".
El Supremo recuerda asimismo una sentencia anterior que indicó que cuando en 2004 se licitó y adjudicó la autopista Madrid-Toledo, la construcción de su continuidad a Córdoba era un proyecto "hipotético y futuro".
Tal como dice la sentencia, la conexión a Córdoba estaba prevista en el Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento, pero el proyecto no logró autorización medioambiental.
En su resolución, el Supremo argumenta también que la autopista pidió una medida "contraria a la resolución al contrato" cuando en marzo de 2014 pidió a Fomento medidas para compensar el menor tráfico y reequilibrar la concesión.
Según indica la sentencia, estas medidas, concedidas en julio de 2015, consisten en un pago anual a la concesionaria, con cargo a los Presupuestos General del Estado y durante todo el plazo de la concesión, que oscila desde los 3 millones previstos para 2016 hasta los 7 millones de 2045.
No obstante, la concesionaria considera estos pagos insuficientes y pide anular el contrato al ver inviables otras medidas compensatorias como la ampliación de plazo de concesión o la subida de los peajes.
LA VÍA DE MENOR TRÁFICO
El consorcio integrado por Isolux Corsán, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo se adjudicó en febrero de 2004 la construcción y concesión de la Autopista Madrid-Toledo, que se puso en servicio en 2006.
Se trata de la primera autopista de las nueve actualmente en quiebra que presentó concurso de acreedores, en mayo de 2012, una de las que más tráfico ha perdido y la que actualmente tiene menos usuarios.
En 2015, la vía contabilizó una media de 785 vehículos diarios, que no obstante supusieron un aumento del 4%, el primero en seis años. A pesar de ello, constituye casi una cuarta parte del máximo de 2.861 usuarios al día que llegó a tener en 2008.