Así lo confirmaron a los periodistas dirigentes de las cuatro asociaciones gremiales del sector, que precisaron que el acuerdo consiste básicamente en el establecimiento de una mesa de negociación para tratar sus demandas, con un plazo de 30 días para alcanzar una solución.
No obstante, los dirigentes señalaron que una vez cumplido el plazo de 30 días van a evaluar si el acuerdo fue cumplido o, de lo contrario, retomarán las movilizaciones.
Las demandas tiene relación con un aumento de la dotación de gendarmes, una mejora de salarios y de las condiciones de trabajo en las cárceles, además de una modernización de la infraestructura de los recintos penales.
El acuerdo se alcanzó luego de unas reuniones que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada de este miércoles, en las que el Gobierno estuvo representado por el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, quien lo suscribió junto a los dirigentes gremiales.
Las reuniones siguieron a una jornada de alta tensión, en la que el Gobierno presentó una denuncia por infracción a la ley de seguridad del Estado, mientras los gendarmes se acuartelaron en las cárceles, asegurando que no las entregarían.
También en algunas ciudades hubo manifestaciones callejeras, intentos de bloquear caminos y apedreo de vehículos por parte de piquetes de huelguistas, que se enfrentaron con la policía.
Cristián Alveal, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, precisó que el acuerdo alcanzado considera "una mesa de trabajo donde se recogen las demandas de los funcionarios", por lo que la huelga se suspende durante 30 días.
"Aquí se constituye una mesa de trabajo seria. Nos da todas las garantías la autoridad", subrayó.
Los puntos del acuerdo serán analizados por los funcionarios, señaló el dirigente, quien hizo un llamado para que dicho estudio se haga "con calma".
El Congreso tramita actualmente un proyecto que aumenta la dotación y mejora "como nunca antes en la historia", según las autoridades, las condiciones laborales y los sueldos de los gendarmes.
Sin embargo, la exclusión en el texto de una propuesta de los funcionarios, de eliminar los grados más bajos de los gendarmes recién ingresados, fue uno de los factores que detonaron el conflicto.
Los funcionarios piden que los recién incorporados lo hagan en el grado 22, con un salario mensual de 400.000 pesos (unos 710 dólares) y no en el grado 26, como lo hacen actualmente, con un salario de apenas 250.000 pesos (unos 445 dólares).