La industria de la alimentación, el sector de la distribución y la hostelería se han unido este miércoles en el marco de la feria Alimentaria para expresar claramente su rechazo a una eventual subida del IVA del 10% al 21% que proponen los expertos del informe Lagares y que debe servir para inspirar la reforma fiscal del Gobierno, ya que conllevaría la destrucción de 155.000 empleos.
"Respetamos a los expertos del informe Lagares, pero ahora no toca subir el IVA", ha aseverado el director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Horacio González, que pese a reconocer que las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negando una eventual subida del IVA le tranquilizaron, cree que es necesario lanzar un mensaje de concienciación.
Para ello, ha contado con el director de la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), José Maria Bonmatí; el director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), Aurelio del Pino; el de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, y el secretario general de la Asociación de Cadenas de Restauración Moderna (Fehrcarem), Juan Ignacio Díaz.
Estos representantes del sector del gran consumo, que junto con la hostelería y la restauración facturan 370.000 millones de euros, lo que representa más del 20% del PIB nacional, y juntos generan más de cinco millones de empleos.
Según sus cálculos, pasar de un tipo reducido del 10% a un 21% supondría que el gasto anual en alimentación por familia crecería 600 euros al año, afectando al 65% del gasto total en este tipo de productos, revirtiendo también en sectores como la hostelería, el turismo, el textil y la telefonía.
"EFECTOS DEVASTADORES"
Los "efectos devastadores" van más allá, según Bonmatí, ya que esta subida impositiva conllevaría una caída de la producción de entre un 4,3% y un 6,2%, lo que se traduce en 16.000 y 22.900 millones de euros, y se dejarían de ingresar entre 2.183 y 3.000 millones por otros impuestos, mientras que el gasto público crecería entre 556 y 800 millones de euros.
El sector quiere avanzarse a que el Gobierno pueda tomar una decisión que va en contra de la recuperación del consumo, ya que según una encuesta el 98% de los consumidores reduciría su consumo en caso de subirse el IVA: "El simple anuncio de una subida genera las condiciones para que no vuelva la confianza a los consumidores. La crisis tiene un componente psicológico", ha asegurado García Magarzo.
Del Pino ha incidido en que el consumo de alimentación en España está todavía estancado, y las previsiones no son especialmente optimistas, ya que en enero las ventas minoristas cayeron un 0,3% respecto al mismo mes de 2013, y un 0,4% en febrero, por lo que ha reclamado medidas para reactivar la demanda: "Cualquier medida tributaria que afecte el consumo no nos permitirá hacer la labor de despegue que tanto necesitamos".
"Queremos incidir en que la situación económica sigue siendo crítica. Necesitamos un pulso definitivo a través del consumo privado", ha continuado Del Pino, que ha coincidido con García Magarzo, que ha lamentado que sigan pendientes, tras años de ajustes, medidas de reactivación del consumo.
REDUCIR FISCALIDAD Y PERSEGUIR FRAUDE
Según Magarzo, "desde el punto de vista del consumo, está a punto la remontada siempre y cuando no se cambien las reglas del juego", y ha apostado por reducir la fiscalidad de familias y empresas, así como de perseguir el fraude.
Han recordado que la última subida del IVA e impuestos sobre bebidas con contenido alcohólico de 2012 demostró la bajada de producción, consumo y recaudación tributaria, y han incidido en que las empresas no podrán absorber la subida impositiva, con lo que se trasladaría a los precios que paga el consumidor: "Muchas empresas que están al límite de ser rentables podrían verse afectadas. Empresas que ya llevan aguantando muchos meses seguidos de caídas", ha zanjado Bonmatí.