Así lo ha afirmado durante su defensa en el Pleno del Congreso del proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado, contra la que todos los grupos parlamentarios salvo el PP han presentado enmiendas de devolución al Gobierno, vetos que también se debatirán a lo largo de la sesión.
Según Guindos, con esta normativa se profundiza en la directiva de liberalización de servicios de la UE y también se atienden las recomendaciones de múltiples organismos internacionales --como la Comisión Europea (CE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)-- al Gobierno de España para que elimine barreras administrativas que restan competitividad a nuestra economía.
"España no ocupa el lugar que se merece en los ránkings internacionales", ha dicho el ministro, citando estudios del Banco Mundial, la OCDE o el Foro Económico Mundial donde los baremos sobre cargas administrativas, número de procedimientos burocráticos, tiempo o coste dejan a España siempre por debajo de sus principales competidores.
REMOVER OBSTÁCULOS.
Por eso, el Gobierno cree que los poderes públicos deben "apoyar la labor de los emprendedores" retirando las barreras administrativas que actualmente existen, fruto de décadas de "sobreabundancia normativa" que han dado lugar a un cuerpo legal con más de 100.000 disposiciones nacionales y autonómicas, y que han fragmentado el mercado español en 17 estructuras normativas diferentes que dificultan la implantación de las empresas.
"Este exceso nos deja un marco jurídico excesivamente complejo, repleto de contradicciones y duplicidades. Es una situación ineficiente y con importantes sobrecostes, de consecuencias nefastas para la economía, ya que desincentiva las inversiones, ocasiona inseguridad jurídica e impide beneficiarse de las economías de escala", ha dicho De Guindos, señalando que a la postre todo esto causa un incremento de los precios y una menor competitividad de las empresas.
Por eso, para el ministro esta ley es "vital, modernizadora, aperturista, liberalizadora, profundamente autonomista porque no sólo respeta sino que consagra la capacidad normativa de las comunidades, y que fomentará el crecimiento económico y la creación de empleo", y su puesta en funcionamiento es "fundamental para la recuperación económica", sobre todo en este momento en que hay una "incipiente recuperación".
En este sentido, ha apuntado que una "limitación fundamental" de la competitividad española es el minifundio empresarial, que tiene menos capacidad para enfrentarse a los obstáculos administrativos, destacando que esta norma "beneficiará fundamentalmente a pymes y autónomos" ya que las grandes empresas "sí son capaces de tratar con la jungla normativa".
RESPETA LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.
El titular de Economía también ha asegurado que el proyecto de ley "respeta las competencias normativas de las comunidades autónomas" y "no pretende en absoluto limitar su capacidad normativa", sino que antes al contrario "se basa en el máximo respeto de su autonomía, otorgando alcance nacional a normativas autonómicas".
"Esta ley es un aliado, un marco que amplía la capacidad normativa de las comunidades autónomas al dotar de eficacia en todo el territorio nacional a lo permitido en una región. Ni una sola coma del proyecto implica una centralización de ninguna competencia autonómica", ha insistido, subrayando que será básica la cooperación entre administraciones.
Además, ha destacado que en la redacción del texto se han incluido aportaciones de muchos agentes económicos, y ha deseado que "el mismo espíritu de consenso" prime durante la tramitación parlamentaria del proyecto, para "encontrar puntos de encuentro", conseguir "un marco regulatorio atractivo para la inversión" y "hacer del mercado español uno de los más competitivos y dinámicos del mundo".
Finalmente, De Guindos ha recordado que esta normativa pretende "reducir al mínimo el intervencionismo público para garantizar el libre acceso al mercado, reduciendo la posibilidad de crear ex ante limitaciones no justificadas a la actividad".
Para ello, el proyecto se basa en los principios de libertad de establecimiento y circulación, usando la licencia única y la primacía de la legislación de origen, lo que "garantiza que cualquier servicio o producto pueda ser comercializado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales", con controles posteriores e incluyendo un procedimiento de resolución de conflictos que evite pérdidas a los empresarios.