El PSOE ha registrado este miércoles en la Audiencia Nacional un recurso para que se declare nula la orden ministerial que desarrolla la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, y con el que también pide la suspensión cautelar de la medida hasta que haya una decisión definitiva de los tribunales, advirtiendo de "perjuicios irreparables para la Hacienda pública".
Así consta en el texto del recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que completa al que los socialistas ya presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) con el mismo objetivo el pasado junio, que fue aceptado un mes después.
Los socialistas impugnan la orden ministerial argumentando que, "lejos de someterse al mandato señalado" por el decreto ley Medidas Tributarias y Administrativas para la reducción del déficit público, "aborda cuestiones no reguladas" en dicho texto en lo relativo a la regularización del dinero en efectivo, asunto que debe ser abordado en una norma con rango de ley.
LA ORDEN VA MÁS ALLÁ DE REGULAR LA GESTIÓN
Así, recuerdan que ni en el decreto ley de marzo ni en el decreto de Liberalización del Comercio --que introdujo cambios en la amnistía fiscal-- se hacía ninguna referencia al dinero en metálico, que no fue mencionado hasta la citada orden ministerial, en la que se reconocía suficiente "manifestar, a través del modelo de declaración, el ser titular del (dinero en efectivo) con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 o a la fecha de finalización del periodo impositivo" correspondiente, siempre y cuando ese dinero se hubiera depositado en una cuenta bancaria.
Por todo ello, el PSOE afirma que la orden es "nula" por infracción del principio de legalidad al regular un beneficio fiscal, por introducir "innovaciones sustantivas carentes de cobertura legal" al "ampliar y alterar los supuestos acogibles a la regularización", por su "evidente extralimitación de la habilitación legal" cuando va más allá del desarrollo normativo e "innova el régimen jurídico" establecido en la propia ley, llegando incluso a "contravenir" su mandato; y por "carecer del rango normativo idóneo para la regulación realizada".
Así, apelan a la jurisprudencia existente en este sentido para respaldar estas alegaciones y acusan al Ejecutivo de haber recurrido a esta vía para "subsanar algún olvido o para evitar el debate parlamentario sobre aspectos sensibles par ala opinión pública, que quedan de esta forma sustraídos de la competencia legislativa de las Cortes Generales" cuando la orden ministerial no se ciñe a los aspectos "formales e instrumentales" de mera gestión de la 'amnistía' fiscal.
MEDIDAS CAUTELARES
Por otra parte, el recurso judicial solicita también la adopción de medidas cautelares como la suspensión de la orden por los "perjuicios irreparables que originaría su ejecución inmediata, toda vez que la amnistía fiscal tiene como fecha límite el 30 de noviembre, por lo que de ser favorable el futuro pronunciamiento sobre el recurso la retroacción de los efectos devendría imposible".
Además, argumentan los socialistas que "los perjuicios causados serían de muy difícil reparación" y que la suspensión cautelar no supone ningún perjuicio para el interés general "que deba prevalecer", ni siquiera desde el punto de vista económico, ya que la orden está teniendo un "dudoso éxito", mientras que la aplicación de las normas vigentes está "consiguiendo unos resultados excelentes" de recaudación fiscal.
"La medida cautelar no supone que se vaya a dejar de recaudar el dinero negro oculto, sino que el mismo va a ser perseguido con los instrumentos eficaces de que dispone la Administración", apostilla el recurso, que critica que la amnistía fiscal es "subjetivamente selectiva y manifiestamente desproporcionada", al prever una tributación del 10% por las cantidades defraudadas --frente al 43% obligado para el contribuyente general-- y "eximir del pago de los recargos e intereses de demora".
También creen que la medida es "frontalmente contraria a los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad" del sistema tributario, y "atentar frontalmente contra los instrumentos de lucha contra el fraude".
"No se produce ningún vacío normativo, pues el sistema impositivo ya regula de manera ordinaria el supuesto aludido por la orden recurrido", añaden, afirmando a renglón seguido que este desarrollo normativo "también incumple directamente toda la normativa relativa a la lucha contra el fraude".
Asimismo, apelan a la existencia de un "juicio de verosimilitud o probabilidad, provisional e indiciario, a favor del demandante", que "puede aportar una lógica y razonable prueba del daño que produciría la aplicación de la orden; y recuerdan que no suspenderla cautelarmente conllevaría el "peligro de daño para la efectividad de la tutela judicial" ante una demora de la sentencia, lo que podría derivar en la "pérdida de la finalidad del recurso" ante la "imposibilidad de ejecución sustitutoria".
DIFERENTES ENTIDADES LO ADVIRTIERON
En su recurso, el PSOE apunta además que varias entidades como el Consejo de Estado, el bufete F&J Martín contratado por el Gobierno para realizar un informe de la norma o los propios inspectores de Hacienda ya advirtieron de esta irregularidad.
Así, mencionan el hecho de que ni el departamento de Gestión Tributaria ni el de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (competentes en estas materias) firmaran la orden ministerial. Según los socialistas, el expediente administrativo de la orden cuenta únicamente con dos informes del Gabinete de la Directora General "sin firma alguna", de lo que "se puede colegir que ninguno de los departamentos y servicios técnicos de la Agencia Tributaria ha querido firmar el mencionado informe favorable, o que incluso ni siquiera se les ha dado traslado".
El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, ha anunciado la presentación de este recurso durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley de Lucha contra el Fraude celebrado este miércoles en el Pleno del Congreso.
"Recurrimos ante el TC la amnistía fiscal por injusta y por inmoral, y hoy mismo hemos registrado una demanda de alegaciones contra la orden ministerial que desarrolla la amnistía. Porque queremos frenarla en seco, nos parece injusta, muy ineficiente en la lucha contra el fraude e inmoral. Esa orden ministerial se extralimita en sus cometidos y regula el blanqueo de dinero que puede venir incluso de actividades delictivas", ha reprochado.