Así lo ha planteado el consorcio en la reunión mantenida con la Autoridad del Canal del Panamá (ACP), en la que las constructoras de la mayor obra civil de la historia ofrecen a su vez aportar 100 millones de dólares (unos 73 millones de euros).
En su propuesta, el consorcio solicita además ampliar la moratoria para pagar a la Autoridad del Canal los importes que le adeuda hasta que concluya el proceso de arbitraje que debe dirimir sobre las reclamaciones de sobrecostes que ha realizado.
En un comunicado emitido tras la reunión con la ACP celebrada en Panamá, la primera desde que el pasado 1 de enero anunció su intención de suspender las obras, el Grupo Unidos por el Canal indica que su propuesta está realizada de forma "responsable, consciente de la importancia del proyecto" y "con miras a buscar una solución definitiva, siempre dentro del contrato y de las leyes panameñas".
Respecto a la oferta planteada por la Autoridad del Canal de aportar un anticipo de 100 millones de dólares (73 millones de euros) y ampliar unos meses el plazo para que se le devuelvan 83 millones de dólares más (61 millones de euros), el consorcio manifiesta su disposición a negociar para "mejorarla" y "pasar de una propuesta de corto plazo a una de largo plazo que permita la culminación de la obra".
"La ACP ha puesto encima de la mesa una propuesta de solución parcial y a corto plazo del conflicto", indica en su comunicado el consorcio, que añade que, por su parte, ha sugerido "diferentes alternativas financieras para mejorar la propuesta de la Autoridad, de forma que pueda abarcar hasta la finalización de la obra, para poder así continuar con normalidad el proyecto de ampliación, que actualmente presenta un grado de ejecución del 66%".
Proceso arbitraje
En este sentido, el grupo de constructoras apunta que entre las opciones que se pueden estudiar figura la de agilizar el proceso de reclamo. Precisamente, el único acuerdo surgido en la reunión celebrada para solventar los problemas de liquidez del consorcio que ejecuta la ampliación del canal entre la constructoras y la ACP es la disposición de ambas partes a "acudir a las instancias arbitrales previstas en el contrato para solucionar los contratos".
El consorcio valora en unos 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) los sobrecostes que registra el proyecto, según indicó en la carta que el pasado 1 de enero remitió a la Autoridad del Canal advirtiendo de la paralización de las obras el próximo 20 de enero si no se le reconocías estos costos.
Pastor y Martinelli
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha considerado que se ha hecho "lo correcto" para destrabar el conflicto y ha expresado su interés por que las empresas españolas sigan invirtiendo en el país".
Según ha informado la Presidencia de Panamá, Martinelli y la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, se han reunido en la Embajada, junto al jefe de la misión diplomática, Jesús Silva, y el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia. "Se mostraron positivos con el diálogo que adelanta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC, liderado por la empresa española Sacyr) para resolver la situación", reza el comunicado.
"Hemos hecho lo correcto y agradezco a la ministra de Fomento que haya venido a Panamá a impulsar este diálogo entre las partes, ya que lo importante es que el proyecto de ampliación se termine a tiempo para beneficio del comercio mundial", ha dicho Martinelli.
Por su parte, Pastor ha agradecido a Panamá "la confianza que tiene y ha tenido en las empresas españolas" y ha subrayado "que lo importante de ahora en adelante es que el proyecto de ampliación concluya satisfactoriamente".
"Hemos trabajado para que se busque una solución a este conflicto y confiamos en que se resuelva", ha añadido la ministra de Fomento española