La ordenanza se ha presentado este lunes y tiene como finalidad detectar las viviendas vacías y promover su movilización en el mercado, regulando la tramitación para verificar si una vivienda permanece vacía permanentemente sin motivo durante dos años o más.
En una primera fase se elaborará un programa de inspección de inmuebles, donde se priorizarán las áreas beneficiarias de la Ley de Barrios y las zonas de la ciudad donde se han registrado problemas de convivencia recientemente.
En caso de que se constate que una vivienda lleva deshabitada más de dos años se procederá a abrir un expediente administrativo y a aplicar la correspondiente tasa de 455 euros que establece la nueva ordenanza.
Además, la ordenanza contempla imponer multas coercitivas de 3.000 euros si el propietario no atiende los requerimientos con el fin de proteger el derecho de la vivienda y que en caso de que la situación perdure en el tiempo podría dar lugar a una segunda multa de 6.000 euros o una tercera de 9.000.
"El objetivo, tanto de la ordenanza de procedimiento que va a Pleno como de la fiscal en este ámbito, no es, en ningún caso, recaudatorio, sino promover que las viviendas vacías entren en el mercado", señala el primer teniente de alcalde, Josep Ayuso.