Este plan, que se ha filtrado a los medios de comunicación locales antes incluso de su aprobación prevista el próximo viernes en Consejo de Ministros, fue confirmado ayer por Berlusconi en unas declaraciones que recoge hoy la prensa italiana hechas durante un paseo vespertino del mandatario por las calles de Roma.
El plan servirá "para dar a quien tiene una casa y ha ampliado su familia la posibilidad de añadir una o dos habitaciones o baños con servicios anexos a la casa ya existente", comentó Berlusconi durante ese paseo para comprobar en primera persona el estado del consumo en el país.
No habrá riesgos de abusos inmobiliarios "porque todo lo que se hará será en añadido o en prolongación de casas ya existentes, por lo tanto en las zonas previstas por el plan regulador y con el refrendo de los proyectistas", añadió.
Los medios de comunicación aseguran que el proyecto propone dejar en manos de peritos las licencias de obra y aligerar de normas el sector de la construcción del país, para así generar un mayor movimiento inmobiliario en tiempos de crisis económica.
Así, según la prensa italiana, las construcciones previas a 1989 podrán ser demolidas y se podrá construir en su lugar nuevos edificios con una superficie un 30 por ciento mayor, mientras que las que no se derriben se podrán ampliar en un 20 por ciento.
Serán las regiones "las que deberán valorarlo: hace falta mover la economía y, en particular, la construcción que desde siempre ha estado parada y atada por miles de burocracias", apuntó el primer ministro italiano.
Entre esas primeras regiones que estarían dispuestas a acoger el plan del Ejecutivo italiano, que algunas voces ya han tachado de "edificación salvaje", figuran Cerdeña y Veneto, con gobiernos afines a Berlusconi.
Sin embargo, el presidente de la región de la Emilia-Romagna, Vasco Errani, del opositor Partido Demócrata (PD), se mostró "sorprendido y preocupado" por las pretensiones del proyecto adelantadas por la prensa.
"Este no es el camino correcto. Una cosa es construir recorridos correctos de ejemplificación dentro de normas seguras, y otro romper las formas de gobierno de la construcción", dijo Errani en unas declaraciones que recogen hoy los medios locales.
"Por ejemplo, permitir a cualquiera proponer ampliaciones del 20 por ciento del volumen de los edificios existentes con un simple auto-certificado tendría consecuencias muy negativas", añadió.