Las inspecciones se produjeron el 6 de septiembre en varios Estados miembros y en coordinación con las autoridades de competencia de Estados Unidos y Japón, según ha informado este viernes el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
"La Comisión tiene motivos para creer que las compañías afectadas pueden haber infringido el artículo 101 del Tratado, que prohíbe los cárteles y las prácticas empresariales restrictivas", subraya el comunicado.
Siguiendo su práctica habitual, el Ejecutivo comunitario no ha identificado a las empresas afectadas por la investigación ni ha desvelado en qué Estados miembros se encuentran.
Las inspecciones por sorpresa constituyen un paso preliminar en las investigaciones de posibles cárteles. El hecho de que se lleven a cabo no prejuzga el resultado final de las pesquisas.
No hay plazos legales para completar este tipo de investigaciones. Su duración depende de una serie de factores, como la complejidad del caso, el grado de colaboración de las empresas o el ejercicio del derecho de defensa.