El aviso tiene la forma de dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses de plazo al Estado miembro para responder a la demanda de Bruselas. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La directiva en cuestión concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia.
Además, Bruselas sostiene que aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas.
Además de a España, la Comisión Europea ha enviado cartas de aviso a otros cinco países de la Unión Europea por la misma razón: Chipre, Croacia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.