"El Índice de Precios al Consumo no es el principal problema de la economía", sostienen las centrales, que añaden que lograr una moderación de precios pasa, en primer lugar, por la responsabilidad de las Administraciones Públicas a la hora de tomar decisiones sobre la política presupuestaria y la determinación de precios públicos y tasas, y, en segundo lugar, por las empresas, "cuya ambición de ampliar los márgenes de beneficios les lleva a incrementar, sin justificación, los precios de sus productos".
Según denuncian los sindicatos, este proyecto de ley contiene un artículo que, de aprobarse, tendría "graves consecuencias" para los trabajadores de empresas que tengan a las administraciones públicas como clientes, pues "impone un parámetro externo, como son los Presupuestos Generales del Estado, en las negociaciones".
Los sindicatos critican que esto, además de una "injerencia", supone una contradicción con el texto de la ley que pretende desarrollar, que excluía en la negociación colectiva de su aplicación.