En una respuesta escrita a la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, el Ejecutivo comunitario confirma que "está examinando" las nuevas disposiciones aprobadas por Francia, para "comprender mejor los motivos subyacentes" de éstas.
Bruselas explica que el sistema de control e imposición de sanciones compete a los Estados miembros, pero advierte también de que los países deben velar para que estos castigos sean "eficaces, proporcionados, disuasorios y no discriminatorios".
La Comisión puede intervenir si constata que no se cumplen estos principios y, por ello, evaluará "pormenorizadamente" y sobre la base de las explicaciones ofrecidas por París la "legalidad" de estas medidas y "la viabilidad del régimen de ejecución".
Bilbao denuncia en su pregunta parlamentaria el régimen adoptado por Francia el pasado mes de julio y que convierte en infracción penal con multas de hasta 30.000 euros una conducta que, según la eurodiputada, es "habitual" en el sector.