Por ello, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tras la reunión con once asociaciones del automóvil, proclamó que no contempla una posible actitud gubernamental de ignorar estas reivindicaciones porque "la situación cada semana se agrava más".
Este llamamiento urgente a la concienciación del Ejecutivo se produce la misma semana en que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, por dos veces en sede parlamentaria, declarase que no habría ayudas directas a la compra de coches y que culminado el presupuesto anual del Plan VIVE no habría más.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, al presidente de la CEOE se le recordó que hace un mes se dirigió una carta con idénticas peticiones a las formuladas hoy al presidente del Gobierno, con los resultados ya conocidos.
Díaz Ferrán hizo un salto cualitativo en las peticiones y fue a solicitar la implicación directa de Rodríguez Zapatero en la solución de los problemas de una industria que se considera estratégica en la generación de riqueza del tejido industrial español.
El dirigente patronal arguyó que un sector con implicaciones en cinco ministerios disgrega la atención administrativa, por lo que el concurso de Zapatero ayudará a aglutinar las soluciones
Las organizaciones sectoriales (fabricantes, importadores, concesionarios, vendedores, metalúrgicos, componentes, alquiler de vehículos en sus distintas ofertas, talleres, transporte...) arroparon el discurso de Díaz Ferrán, incluso, cuando tuvo palabras de comprensión hacia el sector financiero tan reticente a la concesión de los préstamos que ayuden a las ventas.
Las intervenciones de los representantes del sector automovilístico incidieron en la bondad de las ayudas directas y de cómo éstas generan beneficios industriales, mercantiles y fiscales.
La sombra de la fuga de empresas estuvo presente y fue expuesta sin reservas por el presidente de los empresarios de componentes, José María Pujol, advirtiendo de una situación que se puede convertir en dramática en sólo unos meses para una actividad que da empleo a unas 300.000 personas.
En este apartado de la deslocalización, Díaz Ferrán no se implicó pues asumió que como empresario, debe ser coherente con las estrategias tendentes a la instalación en las zonas más competitivas, algo que sucedió en el pasado con España y que puede volver a suceder en otras actividades.
Luis Valero, el director general de Anfac, y otros directivos del automóvil no evaluaron el impacto en el empleo de la sobredemanda que se presume con la aplicación de las ayudas, pero matizaron que paliaría parte de los 100.000 trabajadores actualmente sometidos a Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En esta defensa reivindicativa no faltó la apelación a la seguridad vial y se expuso la cifra de 2.200 millones de euros/año como el ahorro que puede generar la circulación de coches nuevos con mayores elementos de seguridad que han retirado a los viejos.
El montante económico de estas ayudas, que las organizaciones quieren que sean complementarias con las ya existentes, se eleva a 560 millones de euros, y se articulan en ayudas directas a los usuarios por la compra de turismos (1.200 euros), de vehículos industriales medios (3.000 euros) y de pesados de más de 16 Toneladas (12.000 euros).
Con ellas, el sector apuesta por una demanda adicional este año de 150.000 vehículos, muy por encima de la que el Gobierno planifica para el Plan VIVE, que los directivos del automóvil, reiteraron, se trata de una medida "insuficiente".