La propuesta, planteada por el PP y acordada con los socialistas, fue aprobada con el respaldo de 'populares', socialistas y nacionalistas catalanes, y parte de la obligación vigente desde julio de 2013 para los barcos comunitarios de descargar el tiburón con las aletas pegada al cuerpo.
Una medida a la que se han sumado recientemente los países firmantes de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental (NEAFC) y otros países como Islandia, Islas Feroe, Dinamarca (por Groenlandia), Noruega o Rusia.
Sin embargo, el pasado mes de noviembre en Génova la Conferencia Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) trató este tema, pero no llegó a aprobar la propuesta defendida por la Comisión Europea a instancias de España de extender el no cercenamiento de las aletas de tiburón a todas las flotas.
PERJUDICA A LOS BUQUES EUROPEOS.
Esto supone un perjuicio para las flotas europeas, particularmente la española y la portuguesa, que son las más especializadas en la pesca del tiburón y que se ven "muy perjudicadas" por la imposición reglamentaría de aletas adheridas, que les resta competitividad en relación con las flotas asiáticas que sí practican el 'finning'. En concreto, los barcos comunitarios afectados son unos 170, en los que trabajan unos 2.500 marineros.
Por todo ello, la Cámara Baja pide al Gobierno que realice las gestiones necesarias para evitar que las flotas pesqueras de palangre de superficie "trabajen en inferioridad de condiciones" en relación con otras flotas que soportan "menos costes económicos" y que "continúe impulsando iniciativas ante los organismos comunitarios e internacionales" para extender la prohibición del 'finning'.
Sin embargo, en caso de no conseguir avanzar en este sentido "en un tiempo prudencial", los parlamentarios piden directamente al Ejecutivo que derogue el reglamento que prohíbe el 'finning' y aplique las excepcionalidades recogidas en el reglamento anterior, en lugar de reclamar su flexibilización, tal y como se recogía en el texto original del PP.
Y es que la Comisión de Agricultura considera que este reglamento está causando consecuencias muy negativas para la flota palangrera, por lo que exige a la UE mejorar su rentabilidad y, en todo caso, adelantar la evaluación de la aplicación del actual reglamento, prevista inicialmente para el próximo mes de enero.