La norma, que ahora será tramitada en el Senado, busca favorecer la financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de la nueva figura jurídica de las Entidades Capital-Riesgo pyme, que corresponderá a las instituciones que inviertan al menos el 70% de su patrimonio en pequeñas y medianas empresas, pudiendo hacer uso tanto de instrumentos de capital como de préstamos participativos y de deuda para proveer de financiación a estas empresas.
El objetivo es favorecer las fuentes de financiación directa de las empresas a través de fórmulas más flexibles y reducir la bancarización de la economía española, particularmente en las primeras etapas de desarrollo y expansión.
La norma ha salido de la Cámara Baja con la incorporación de la decena de enmiendas del PP, así como tres de la Izquierda Plural y cinco transaccionales que afectan a siete propuestas de IU-ICV-CHA, PNV, CiU y UPyD.