El Consejo de Ministros aprobó el viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, y acordó solicitar al TC la suspensión cautelar de esta medida.
En este sentido, CSIF ha pedido al Gobierno que no solicite la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía hasta que no se dirima la cuestión por parte del Constitucional.
El sindicato ha señalado que el Gobierno no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales, como ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o en el Ayuntamiento de Madrid.
CSIF ya ha abordado la cuestión de las 35 horas semanales con partidos y Grupos Parlamentarios, así como con diferentes presidentes autonómicos. El sindicato cree que es una medida en favor de la mejora de la calidad de los servicios públicos y defenderá su inclusión en la negociación abierta con la Administración en materia de empleo público.