Para Andet, resulta "absolutamente contrario" al ordenamiento jurídico español incentivar económicamente la puesta en conocimiento al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de posibles irregularidades por parte de los desempleados.
Andet argumentaba en el escrito que remitió a Becerril que el pliego administrativo del acuerdo marco entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación abría un nueva vía de iniciar el trámite de denuncia "por un cauce informal" y sin las mínimas garantías legales.
La asociación recordaba en su denuncia ante la Defensora del Pueblo que las únicas vías contempladas en la ley para iniciar la actuación de la Inspección de Trabajo son una orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia, los cuales no se corresponden con el proceso descrito en el pliego admistrativo de este acuerdo marco.
En dicho pliego se establece que las agencias de colocación percibirán un incentivo "por resolución de irregularidades", consistente en el pago de hasta el 15% de lo que le correspondería por insertar en el mercado laboral al desempleado encomendado, siempre y cuando a consecuencia de la información proporcionada por la agencia durante la prestación del servicio se inicie un procedimiento que concluya en la imposición al parado de una sanción.
"La incentivación económica en los términos expuestos resulta más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un Estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en cazarrecompensas al margen del control de la legalidad vigente", subrayaba la asociación en el escrito que ha enviado a Becerril.
Según Andet, el trámite de denuncia contemplado en el mencionado pliego administrativo incumple la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Reglamento para la Imposición de Sanciones en el Orden Social, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y el Real Decreto-ley 4/2013 que exige una instrucción y solución del procedimiento a cargo de órganos competentes.
Por todo ello, Andet reclamaba a la Defensora del Pueblo que tomara cartas en este asunto y emitiera una recomendación para modificar este aspecto en el acuerdo marco de colaboración entre el SEPE y las agencias privadas de colocación.
ENTRE 300 Y 3.000 EUROS POR COLOCAR A UN DESEMPLEADO.
Según el pliego administrativo de este acuerdo marco publicado en su día por el SEPE, las agencias de colocación podrán percibir entre 300 y 3.000 euros por cada desempleado que logren insertar en el mercado laboral, dependiendo de la edad del parado y del tiempo que lleven en el desempleo.
En concreto, según los precios máximos de licitación (IVA incluidos) contenidos en el pliego, las agencias de colocación cobrarán un máximo de 300 euros por cada menor de 25 años al que encuentren un empleo tras llevar en el paro de tres a seis meses, cantidad que subirá a 1.850 euros si su permanencia en el paro supera los dos años.
Las cuantías más elevadas, un máximo 3.000 euros, se abonarán en el caso de que las agencias de coloración encuentren un empleo a trabajadores de 55 o más años que lleven en paro entre uno y dos años, y si colocan en el mercado laboral a trabajadores de 45 a 54 años y de 55 y más años con una permanencia en el desempleo superior a los dos años.
Se considerará que una persona desempleada ha sido insertada en el mercado laboral cuando, gracias al servicio prestado por la agencia de colocación, se haya formalizado un contrato laboral y mantenido la relación laboral por un plazo equivalente al menos a seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses.
Cuando las inserciones en el mercado laboral se produzcan a tiempo parcial los pagos podrán reducirse. Además, las agencias de colocación no cobrarán nada del SEPE en caso de recibir una remuneración del empleador.
Las agencias de colocación también podrán percibir de la Administración una cantidad fija, que no podrá el 50% de la cuantía por inserción del desempleado, con un máximo de 400 euros, por cada persona cuya colocación se le encomiende, con independencia de cual sea el resultado.
Recibirán, asimismo, incentivo no superior a los 1.000 euros por colocar en el mercado laboral a personas con discapacidad o riesgo de exclusión social que les encomienden, así como incentivos, de hasta el 50%, por mantener en el empleo hasta otros seis meses adicionales a las personas insertadas.