España comunica oficialmente a Bruselas que adoptará la tasa Tobin

Informativos Telecinco/Agencias 16/10/2012 17:55

El siguiente paso será que Bruselas presente su propuesta legislativa para esta 'cooperación reforzada'. En el proyecto original, la tasa gravaría con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. Su objetivo es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis.

En el Ecofin celebrado la semana pasada, un total de 11 países ya confirmaron que participarían en esta 'cooperación reforzada'. Se trata, además de España, de Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Italia, Eslovenia, Eslovaquia y Estonia.

El veto de Reino Unido y otros países como Polonia o Irlanda ha impedido que la tasa se cree en el conjunto de la UE, ya que las decisiones sobre fiscalidad se toman por unanimidad.

Pero incluso entre los promotores del proyecto persisten las diferencias sobre el destino que debe darse al dinero que se recaude con la nueva tasa. Mientras que la Comisión quiere que alimente el presupuesto comunitario, la mayoría de países defiende que los ingresos vayan a los presupuestos nacionales.

Los bancos acabarán cobrándosela a los clientes

Algunos expertos ya han salido al paso sobre las posibles consecuencias para la deslocalización financiera que esta tasa puede tener. En un artículo, Pérez Madrid señala que si este impuesto se implantara en toda la UE, generaría unos 56.000 millones de euros al año, pero advierte de que, pese a que está previsto que sean las entidades bancarias las encargadas de "liquidar y pagar" dicha tasa, "lo más probable" es que se le cargue al ciudadano que realice las transacciones.

Tras recordar que España se ha "subido al carro" de los países que, como Italia, Alemania y Francia, la van a implantar, ha señalado que está previsto que grave con un 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo 0,01% las de derivados, warrants y opciones.

Explica, además, que con esta medida se pretende rebajar el déficit público y paliar la crisis monetaria y financiera. Pero, al mismo tiempo, alerta de que esta tasa provocará que ciertas transacciones financieras "se deslocalicen y se vayan fuera de la UE".