Fernández Ordóñez compareció esta tarde en la Comisión no permanente del Congreso de los Diputados, en la que repasó el estado del sistema público de pensiones y recordó las modificaciones que están aplicando los países del entorno de España para garantizar su viabilidad futura.
El gobernador en ningún momento se pronunció a favor de ninguna reforma en cuestión por ser una decisión "eminentemente política", simplemente dijo que la aplicación de una medida como aumentar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora "nos acercaría a la situación de algunos países".
En Francia se ha pasado de utilizar 10 años a 25, en Austria de 15 a 40, mientras que en Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia emplean toda la vida laboral para calcular la prestación por jubilación, precisó.
Para Fernández Ordóñez, en España hay un "problema de sostenibilidad" del sistema público de pensiones y "negarlo es absurdo".
Por ello emplazó a los grupos parlamentarios presentes en la Comisión a que así se lo transmitan a la sociedad, así como que es necesario aplicar reformas en la economía y en el mercado de trabajo para solucionarlo, que no concretó.
"Cuanto antes haga uno las reformas son menos traumáticas, lo que vayan a hacer yo les recomendaría que lo hicieran pronto, porque eso permite que la intensidad de las medidas sea menor", sugirió.
La razón que dio es que "uno tiene que dar menos volantazos para llegar adonde quiere".
En su opinión, la opción es "tocar todas las teclas porque cuantas más toques las reformas son menos traumáticas", aunque "parece muy radical hágalo usted todo y pronto, pues mire usted es lo menos radical, es lo más suave".
Entre las "teclas" que los partidos pueden tocar están evitar la jubilación anticipada, incentivar el retraso de la salida del mercado de trabajo, tocar la edad legal de retiro, aumentar la carrera de cotización y mejorar la contributividad entre lo que se cotiza y lo que se cobra.
Según explicó, la estrategia para mantener la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por unas finanzas saneadas, por reformas estructurales en la economía y del propio sistema de protección, ya que el alza del déficit público "no puede ser ilimitado en la situación actual con el fin de evitar que se genere un fuerte aumento de la deuda pública".
Al respecto, afirmó que las reformas del sistema aplicadas desde la firma del Pacto de Toledo (1995) han ido en la dirección "adecuada", caso de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social -no está completada-, la unificación de las bases de cotización, la creación del Fondo de Reserva o la progresiva simplificación de los regímenes.
Sobre la posibilidad de que el superávit de la Seguridad Social desaparezca en 2009, el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, advirtió de que sería una "catástrofe sin paliativos".
Además, alertó de que el margen de maniobra que existe para acometer reformas "no traumáticas" ha disminuido "drásticamente" porque los elementos demográficos se han sumado a la crisis económica.
Desde el PNV, Emilio Olabarría pidió a Fernández Ordóñez que identifique las reformas que hay que acometer, porque hay un miedo "exacerbado" a citarlas; y le dijo que ve cierta "contradicción" entre sus opiniones y las del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Gaspar Llamazares (ERC-IU-ICV) mantuvo una posición crítica contra la "ortodoxia" que en su opinión tiene el Pacto de Toledo y abogó por las "políticas de alianza" para encontrar soluciones; mientras que la portavoz del PSOE Isabel López i Chamosa aseguró que el Gobierno socialista no hará reformas sin el consenso de los agentes sociales.